En un golpe al desorden penitenciario, las autoridades ejecutaron un operativo inopinado en el penal de Lurigancho durante las primeras horas de este viernes. La intervención, que se concentró en el pabellón 4, permitió la incautación de un arsenal de objetos prohibidos y equipos de comunicación que eran utilizados de forma irregular por los internos, poniendo en jaque el control del establecimiento.
La operación fue liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y contó con el despliegue de más de 300 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. Con el apoyo de la Unidad Canina, los efectivos revisaron las celdas de más de 650 internos, hallando desde televisores, amplificadores de sonido y reproductores de DVD, hasta objetos inusuales para el entorno carcelario como mesas de billar.
Comunicaciones bajo la lupa
El hallazgo más crítico para la seguridad ciudadana fue la recuperación de teléfonos celulares y libretas con extensas listas de números telefónicos. Según las primeras investigaciones, estos dispositivos serían la herramienta principal para coordinar extorsiones y otros delitos hacia el exterior. Además, entre las pertenencias confiscadas se encontró iconografía asociada a la “Santa Muerte”, vinculada frecuentemente a organizaciones criminales.
El ministro Martínez enfatizó que estas acciones son parte de una estrategia para desarticular la influencia del crimen organizado en las cárceles, especialmente bajo el actual estado de emergencia en Lima y Callao. Como medida correctiva, el Ejecutivo anunció que se continuará con el traslado de líderes de bandas delictivas hacia penales de máxima seguridad como Challapalca y Cochamarca, a fin de separarlos de los reclusos primarios.
Refuerzo del principio de autoridad
Con una población que supera los 10 mil internos, Lurigancho sigue siendo uno de los focos críticos del sistema penitenciario. “Los establecimientos penitenciarios van a dejar de ser escuelas del delito”, sentenció el titular de Justicia, quien exigió a la administración del INPE mantener una vigilancia constante para evitar que los penales funcionen como centros de operaciones ilícitas que afecten la tranquilidad pública.
