En una ofensiva coordinada contra la inseguridad ciudadana, el Gobierno ejecutó durante la madrugada de este miércoles 14 un masivo operativo de control territorial y migratorio en diversos distritos de Lima Metropolitana. La intervención, que movilizó a unidades especializadas de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, tuvo como objetivo principal desarticular focos delictivos y fiscalizar la permanencia de ciudadanos extranjeros en el país.
El despliegue central se concentró en el complejo policial Los Cibeles, en el Rímac, donde se supervisó la situación migratoria de más de mil ciudadanos extranjeros. El teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, confirmó que aquellos que no cumplían con la normativa vigente fueron puestos a disposición de las autoridades para los procedimientos administrativos correspondientes.
Patrullaje en zonas críticas
En paralelo, una fuerza combinada de 500 efectivos policiales y personal del Ejército se desplazó hacia San Juan de Lurigancho, San Miguel, Magdalena, Breña y Pueblo Libre. En el caso de San Juan de Lurigancho, las acciones se enfocaron en sectores identificados como de alto riesgo, entre ellos el asentamiento humano Enrique Montenegro y el parque 10 de Octubre.
La estrategia, supervisada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Defensa, César Díaz Peche, apunta a la recuperación de espacios públicos que suelen ser tomados por la informalidad y la delincuencia común. Según informaron las autoridades, este tipo de intervenciones preventivas buscan identificar riesgos de manera temprana y evitar que la situación migratoria irregular sea explotada por redes criminales.
Presencia del Estado
El operativo contó además con el apoyo técnico de la Superintendencia Nacional de Migraciones, permitiendo un cruce de información en tiempo real. Esta acción se suma a las medidas de control de identidad y requisitorias que la PNP viene intensificando en los límites del Cercado de Lima y distritos colindantes para fortalecer el orden interno.
Con este despliegue, el Ejecutivo busca proyectar una mayor presencia de las fuerzas del orden en las calles, respondiendo a la demanda ciudadana por acciones concretas frente al incremento de la criminalidad en las zonas periféricas de la ciudad.