La propuesta fue anunciada por el alcalde Renzo Reggiardo en medio de un nuevo paro del sector transporte convocado para el 14 de enero.
En un contexto marcado por ataques y extorsiones contra choferes de transporte público, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) evalúa financiar la instalación de cámaras de vigilancia en buses, cústers y combis que aún no cuentan con este sistema de seguridad.
El anuncio fue realizado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien precisó que la iniciativa forma parte de una estrategia preventiva basada en el uso de tecnología, con el objetivo de brindar respaldo a los transportistas frente a la criminalidad.
Como parte de la propuesta, la MML ha puesto a disposición de los operadores su Centro de Control de Operaciones, desde donde se podría monitorear en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras instaladas en las unidades del servicio público.
“Sabemos que hay unidades móviles con cámaras; todas estas las podemos monitorear en tiempo real para que los transportistas sientan que están acompañados y que la autoridad está vigilando los movimientos de quienes pretendan seguir haciéndoles daño”, señaló el burgomaestre.
Reggiardo aclaró que la medida aún se encuentra en fase de evaluación y que la municipalidad analiza, junto a su gerencia municipal, los mecanismos para financiar la implementación del sistema en las unidades que no cuentan con cámaras.
“Estamos viendo con la gerencia municipal cómo financiar a aquellas unidades sin cámaras y así aportar en la prevención”, precisó.
El anuncio se dio durante la primera sesión ordinaria e instalación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Lima – período 2026, que contó con la participación de representantes de ministerios, entidades del sistema judicial, el Ministerio Público, la Asociación de Radio y Televisión, así como dirigentes de los gremios de transportistas.
Paro total del transporte el 14 de enero
La evaluación de esta propuesta municipal ocurre en un escenario de alta tensión en el sector transporte. Los gremios anunciaron un paro total para el miércoles 14 de enero, en protesta por la ola de criminalidad que afecta a choferes y empresas.
Según los organizadores, más de 320 empresas paralizarán sus operaciones durante 24 horas en Lima y Callao, lo que implicará que más de 22.000 unidades dejen de circular. Además, se prevén movilizaciones en vías principales bajo la modalidad de protesta “hombre-máquina”.
Los gremios señalan que la medida responde a casos recurrentes de extorsión, sicariato y cobro de cupos. De acuerdo con el sector, en las dos primeras semanas de 2026 se han registrado más de ocho atentados contra choferes, cifra que habría llegado hasta diez ataques según reportes gremiales.
Reclamos del sector transporte
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, indicó que la paralización será acatada por el 100 % de las empresas formales. “Si vamos a reclamar es porque todos estamos afectados. Hay un clamor popular”, sostuvo.
Entre las líneas que anunciaron su participación figuran La 50, El Rápido S.A., Transporte Huáscar S.A., Nuevo Perú S.A.C., Vipusa, Urbanito, Chosicano, entre otras.
Por su parte, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, señaló que el paro se mantiene pese a las reuniones sostenidas con el Ejecutivo y el Ministerio del Interior, debido a la falta de medidas concretas y a la escasa presencia policial en horarios críticos.
Los transportistas también exigen la reglamentación de la Ley N.° 32.490, que contempla apoyo a las familias de choferes asesinados, así como el cumplimiento de la prohibición de dos personas en motocicletas.
Pronunciamiento del Ejecutivo
En medio del anuncio del paro, el presidente interino José Jerí expresó su respaldo al reclamo del sector transporte. “Si los transportistas mantienen la idea del paro, está bien porque me voy a sumar a ellos. No es un tema entre autoridades, es algo real que tenemos que combatirlo”, señaló.
Jerí reconoció que la violencia que afecta al transporte público es un problema estructural y afirmó que el Gobierno enfrenta limitaciones para resolverlo de manera inmediata.