El escenario de protestas en el sector transporte ha dado un giro definitivo. Tras una tarde de intensas conferencias y negociaciones, los principales gremios de Lima y Callao anunciaron que la paralización nacional, inicialmente fragmentada en distintas convocatorias, se unificará y adelantará para este miércoles 14 de enero. La medida de fuerza busca expresar el descontento del sector ante la falta de avances en la reglamentación de la Ley 32490, vinculada a la seguridad ciudadana, y el rechazo a las recientes declaraciones del Ejecutivo.
Pese a que el presidente de la República, José Jerí, mantuvo una reunión de trabajo esta mañana con dirigentes como Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, el diálogo no fue suficiente para frenar la movilización. Ojeda fue enfático al señalar que los compromisos abstractos del Gobierno no bastan para calmar a las bases. “A los conductores no los podemos parar simplemente con un compromiso”, sentenció el dirigente, ratificando que la desconfianza hacia el Ejecutivo ha escalado.
El efecto unificador de la PCM
La decisión de adelantar y compactar el paro en una sola fecha surge tras la crisis generada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. El premier sugirió que existiría una infiltración de malos elementos en el gremio que colaborarían con bandas de extorsión, afirmación que actuó como catalizador para la unidad de los transportistas.
Martín O’Diana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, explicó que las declaraciones de Álvarez forzaron una reunión de emergencia el domingo por la noche. Hasta ese momento, el sector estaba dividido entre quienes convocaban para el martes 13 (liderados por Héctor Vargas) y quienes lo hacían para el jueves 15 (bloque de Martín Ojeda). Finalmente, el malestar compartido decantó en la elección del miércoles 14 como el día de la protesta conjunta.
Impacto en la capital
La magnitud de la medida promete afectar seriamente el desplazamiento de millones de ciudadanos. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, aseguró que el acatamiento será total. Se proyecta que el 100 % de las empresas del gremio se sumen a la jornada, lo que implicaría que más de 22 mil unidades de transporte público dejen de prestar servicio en los principales conos de la capital y el Callao.
El gremio exige no solo una rectificación por parte del premier Álvarez, sino también medidas concretas frente al sicariato y la extorsión que azota diariamente a choferes y cobradores. Con la fecha ya fijada, el sector transporte espera enviar un mensaje contundente al Gobierno de José Jerí sobre la urgencia de garantizar la seguridad en las rutas.