El presidente de la República, José Jerí, anunció el establecimiento de una mesa de trabajo permanente con los gremios de transporte para enfrentar la creciente ola de inseguridad y extorsiones que afecta al sector. Durante una reunión en el distrito de San Juan de Lurigancho, el mandatario se comprometió a liderar encuentros cada quince días para supervisar los avances en las estrategias preventivas y operativas contra el crimen organizado.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la empresa Santa Catalina, punto de reunión con diversos representantes gremiales que han denunciado ataques constantes y cobros de cupos. Jerí calificó la situación actual como una “guerra” contra la delincuencia y subrayó que el Estado no puede permitir pausas en la lucha por devolver la tranquilidad a los trabajadores del transporte público y de carga.
Marco legal y operatividad
Como parte de las medidas inmediatas, el jefe de Estado confirmó que, a más tardar este sábado, se publicará el reglamento de la Ley N.° 32490. Esta norma establece disposiciones extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, otorgando herramientas legales adicionales a la Policía Nacional y al sistema de justicia para desarticular las estructuras financieras y operativas de las bandas criminales.
“En esta lucha no se puede flaquear un solo día. Los encuentros quincenales permitirán corregir estrategias y coordinar directamente con las autoridades del Ministerio del Interior”, señaló el presidente ante los transportistas.
Posteriormente, el mandatario se trasladó al Escuadrón de Emergencia de San Juan de Lurigancho para verificar los reportes de capturas e incautación de armas y explosivos. Según el Ejecutivo, estas intervenciones buscan mitigar el impacto delictivo en uno de los distritos con mayores índices de peligrosidad en la capital.
Transparencia y gestión
Durante la jornada, Jerí también se pronunció sobre los cuestionamientos por una reciente reunión con un empresario chino. El mandatario descartó cualquier tipo de irregularidad, asegurando que el encuentro se dio bajo los principios de transparencia y legalidad. Con este despliegue, el Gobierno busca reafirmar la seguridad ciudadana como el eje prioritario de su agenda, en un intento por recuperar la confianza de un sector clave para la movilidad y la economía nacional.