Ante el riesgo de una escalada armada o una posible guerra civil en Venezuela, el Gobierno del Perú decidió reforzar la vigilancia en las zonas fronterizas con mayor presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Así lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, quien advirtió que una situación de ese tipo obligaría al Estado a priorizar la defensa nacional y la seguridad interior.
Mayor vigilancia fronteriza ante un escenario de guerra civil
El premier señaló que cualquier medida adicional dependerá de la gravedad de los acontecimientos en la región. “Si hay una confrontación bélica, incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos, pero eso significa mayor gasto y dejar de cubrir necesidades de la población para atender necesidades de defensa nacional y de seguridad interior”, afirmó.
Postura del Gobierno frente a la migración venezolana
Álvarez Miranda precisó que el Ejecutivo no tiene interés en acoger a personas vinculadas a la dictadura de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. En ese sentido, subrayó que la política del Gobierno apunta a aliviar la crisis humanitaria que atraviesa la población venezolana, promoviendo el retorno de los migrantes a su país para contribuir a la reconstrucción nacional.
“Nuestro objetivo es que puedan retornar lo antes posible para ayudar a la reconstrucción de su patria”, indicó.
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en su fase final
En paralelo, el titular de la PCM informó que el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, anunciado por el presidente José Jerí, se encuentra en su etapa final de revisión y será completado en los próximos días. Remarcó que el documento debe contar con indicadores claros y una programación definida que permita evaluar su cumplimiento.
Álvarez enfatizó que lo ideal es que este plan tenga continuidad y pueda ser perfeccionado y adaptado por los próximos gobiernos, con metas y objetivos sostenibles en el tiempo.
Estado de emergencia y lucha contra la criminalidad
Sobre la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, el premier explicó que se trata de una estrategia progresiva. Indicó que el Gobierno espera obtener resultados concretos hacia mayo o junio, aunque advirtió que la criminalidad instalada en los últimos años no se resolverá en el corto plazo.
Según señaló, la clave está en el fortalecimiento de la inteligencia policial y militar, mediante acciones focalizadas contra bandas criminales ya consolidadas y redes delictivas de mayor alcance.
Reorganización del INPE y control de reos peligrosos
Finalmente, Álvarez Miranda se refirió a la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), incluida en el paquete de decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana. Aclaró que la medida no implica despidos, sino una reconversión institucional hacia una estructura más jerarquizada, eficiente y disciplinada.
El premier sostuvo que la corrupción en el INPE es un problema real que ha motivado el traslado de reos de alta peligrosidad a penales como Yanamayo, con el objetivo de convertir establecimientos como Lurigancho en centros para internos de menor riesgo. Añadió que los presos con capacidad comprobada para dirigir organizaciones criminales desde prisión deben ser recluidos en cárceles de máxima seguridad, bajo estrictos controles y supervisión permanente.