La carrera electoral hacia el 2026 enfrenta un nuevo foco de tensión jurídica. La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, sostuvo que Mario Vizcarra, candidato presidencial del partido Perú Primero y hermano del exmandatario Martín Vizcarra, estaría impedido de postular debido a una sentencia por peculado emitida en el año 2005.
Pacheco recordó que existen precedentes del colegiado anterior que determinaron la imposibilidad de que personas condenadas por delitos dolosos contra la administración pública participen en comicios, incluso si ya han sido rehabilitadas. “En principio, el delito que él cometió está comprendido en demandas que dijeron que sí es constitucional y que no puede postular”, precisó la magistrada en declaraciones a Canal N.
El obstáculo de la Ley 30717
La situación legal de Mario Vizcarra se complica por la vigencia de la Ley 30717, la cual establece impedimentos para postular a cargos de elección popular a quienes cuenten con sentencias por corrupción, tráfico de drogas o terrorismo. En el caso del aspirante de Perú Primero, registra una condena de tres años de prisión suspendida por haber cobrado doble remuneración del Estado mientras era funcionario en Moquegua.
Debido a este antecedente, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 ya dio un primer golpe a sus aspiraciones al declarar inadmisible la lista de candidatos al Senado presentada por su agrupación, la cual él mismo integraba.
Escenario de tachas e incertidumbre
A la fecha, se han presentado tres tachas contra la candidatura presidencial de Vizcarra, una de las cuales ya fue admitida a trámite. La presidenta del TC evitó adelantar una opinión definitiva del actual pleno, pues “no le extrañaría” que el caso sea elevado a su instancia para una interpretación final.
No obstante, Pacheco enfatizó la necesidad de verificar si la rehabilitación de los sentenciados es “cierta y verídica”, advirtiendo que, en materia electoral, la idoneidad de los candidatos es un factor central para garantizar que no se vuelva a delinquir desde la función pública. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendrá la última palabra sobre su permanencia en la contienda.