SBS se pronuncia tras allanamiento de su sede principal por caso Los Herméticos del Caudal y califica la medida de "desproporcionada"

La SBS rechazó las filtraciones de información reservada y reiteró que colaborará con las diligencias del Ministerio Público.

por Jesus Maza
El operativo fiscal incluyó la sede de la SBS en San Isidro y las instalaciones de Sucamec en Magdalena del Mar. Foto: composición Caretas/Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuestionó el allanamiento de su sede principal, ubicada en San Isidro, durante el operativo fiscal por el caso Los Herméticos del Caudal. A través de un comunicado difundido este viernes 20 de noviembre, calificó la medida judicial de "desproporcionada" y sostuvo que había atendido todos los requerimientos de información del Ministerio Público.

La institución también confirmó que dos de sus funcionarios fueron incluidos en la investigación por el presunto delito de negociación incompatible. Según precisó, tomó conocimiento de esta decisión el jueves 19 de noviembre y ambos trabajadores colaboran con las autoridades conforme a ley. La diligencia formó parte de un operativo que comprendió otros inmuebles y la sede de la Sucamec, en Magdalena del Mar.

SBS cuestiona allanamiento de su sede principal y asegura que entregó toda la información

En su pronunciamiento, la SBS indicó que el Ministerio Público abrió una investigación contra los que resulten responsables por el presunto delito de negociación incompatible. Desde el inicio de las indagaciones, afirmó, atendió ampliamente los pedidos de documentos, archivos y registros formulados por los representantes fiscales.

La entidad sostuvo que no tenía información pendiente de entregar cuando la Fiscalía solicitó y obtuvo la orden judicial para ingresar a su sede principal. Por ese motivo, consideró excesiva la medida, aunque aseguró que brindó las facilidades administrativas y operativas para el desarrollo de la diligencia.

"Asimismo, y sin que esta Superintendencia tenga pendiente remitir información alguna a dicha entidad, el Ministerio Público ha solicitado y obtenido una orden judicial de allanamiento de su sede principal, medida que estimamos desproporcionada", señaló en el comunicado.

La superintendencia también rechazó las filtraciones de información reservada relacionadas con el caso. A su juicio, la difusión de estos datos puede afectar la integridad y la imparcialidad de las investigaciones. Finalmente, reafirmó que sus actuaciones se ajustan a las funciones que le corresponden y al marco legal vigente.

Dos funcionarios de la SBS fueron incluidos en investigación por negociación incompatible

La SBS informó que el jueves 19 de noviembre conoció la decisión de la Fiscalía de incluir a dos de sus funcionarios en la investigación. Aunque no reveló sus identidades, aseguró que ambos están a disposición de las autoridades y colaboran conforme a ley.

La pesquisa busca determinar si funcionarios de la SBS y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) favorecieron presuntamente a las empresas Hermes y Prosegur. La hipótesis fiscal apunta a posibles acciones para mantener la posición de ambas compañías en el mercado de transporte de caudales.

El operativo del viernes 20 de noviembre incluyó las sedes de la SBS, en San Isidro, y de la Sucamec, en Magdalena del Mar, además de otros inmuebles vinculados a personas y empresas comprendidas en las diligencias. Según la información difundida por el Ministerio Público, participaron 24 fiscales especializados y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía.

Fiscalía investiga presuntas coordinaciones para frenar proyecto sobre transporte de caudales

La investigación también comprende una denuncia sobre supuestas coordinaciones entre representantes de Hermes y Prosegur y funcionarios públicos para impedir la aprobación de un proyecto legislativo presentado en 2024. La iniciativa planteaba autorizar al Banco de la Nación a realizar operaciones de pago mediante transporte de valores civil o militar en situaciones excepcionales, como desastres naturales, conflictos sociales o estados de emergencia.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, un testigo protegido entregó grabaciones a la Fiscalía y denunció presuntas reuniones para evitar que la propuesta avanzara. Según esa versión, las empresas involucradas buscaban mantener el traslado de dinero al interior del país bajo responsabilidad de compañías privadas.

Durante las diligencias, los fiscales y agentes policiales recabaron documentos y equipos electrónicos, entre ellos computadoras y celulares, con el propósito de revisar las comunicaciones y actuaciones relacionadas con el proyecto. La investigación deberá establecer si los informes contrarios a la iniciativa respondieron a criterios técnicos o si existió un presunto direccionamiento para favorecer intereses particulares.

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