Registros oficiales sobre contratación de publicidad política
Los reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) correspondientes al último proceso electoral permiten identificar la distribución de la publicidad política contratada por diversas organizaciones partidarias en medios de comunicación. De acuerdo con dicha información, un medio radial concentró S/ 97 498,68 en ingresos por publicidad electoral, correspondientes a 108 transmisiones.
Del total registrado, el 67,5 % de los ingresos provino de una sola organización política, mientras que el porcentaje restante se distribuyó entre otros seis partidos. Los datos forman parte de los reportes públicos que la ONPE consolida en cumplimiento de sus funciones de supervisión y transparencia del financiamiento político.
La contratación de espacios publicitarios por parte de las organizaciones políticas se encuentra permitida por la normativa electoral vigente. No obstante, la forma en que se distribuyen estos recursos resulta relevante desde una perspectiva informativa, en la medida en que los medios de comunicación cumplen un rol central en el acceso de la ciudadanía a mensajes políticos durante los procesos electorales.
Distribución de la pauta: cifras y contraste
Según los registros oficiales, el principal anunciante del medio radial fue el Partido Ciudadanos por el Perú, que contrató espacios por S/ 65 808,60, correspondientes a 13 transmisiones. Este monto representa más de dos tercios del total de ingresos electorales del medio durante el periodo analizado.
El resto de la pauta se distribuyó entre otras organizaciones políticas en montos significativamente menores: Alianza para el Progreso, Partido Aprista Peruano, Partido Demócrata Unido Perú, Perú Libre, Ahora Nación y Cooperación Popular. En conjunto, estas seis agrupaciones no superaron el porcentaje contratado por el principal anunciante.
En contraste, otro proveedor de servicios de difusión radial registrado en los reportes de la ONPE, a nombre de Sotelo Galíndez Maryuri Andrea, presentó una distribución distinta de ingresos por publicidad electoral. En este caso, los S/ 7 657,02 registrados se repartieron entre cinco organizaciones políticas, con dos de ellas concentrando porcentajes similares, cercanos al 30 % cada una.
Las cifras evidencian modelos de contratación diferenciados, sin que ello implique, por sí mismo, una infracción a la normativa vigente. Sin embargo, los datos permiten observar distintos niveles de concentración de pauta electoral en el mercado de la radiodifusión.
Información registral y situación administrativa
De acuerdo con la información disponible en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el medio radial que concentró la mayor parte de la pauta figura como activo y habido, con actividades económicas vinculadas a transmisiones radiales y servicios de publicidad. Entre sus representantes legales aparece Mariano Edgar Guevara Soto, quien ocupa un cargo directivo en la empresa desde el año 2022.
De manera paralela, Guevara Soto participa públicamente como director de la Coordinadora Nacional de Medios Locales del Perú, una denominación utilizada en espacios de debate y pronunciamientos relacionados con políticas de comunicación, campañas institucionales y la situación de los medios locales.
No obstante, los registros de la SUNAT indican que dicha coordinadora no figura como contribuyente activo y presenta condición no habida, lo que implica que no cuenta con reconocimiento tributario vigente ante la administración fiscal. Esta situación no supone una calificación sobre la licitud de sus actividades, pero sí delimita su condición administrativa frente al Estado.
Relevancia institucional del cruce de información
El cruce de información entre los registros de la ONPE y la SUNAT resulta relevante en la medida en que permite contextualizar la participación de actores vinculados al sector de medios de comunicación en el espacio público. En particular, cuando se ejerce vocería o representación en debates relacionados con asignación de recursos, políticas de comunicación o contratación estatal, la situación administrativa de las entidades invocadas constituye un dato de interés público.
Desde un punto de vista institucional, la existencia de organizaciones formalmente reconocidas facilita la identificación de responsabilidades, representatividad y mecanismos de interlocución con el Estado. Por el contrario, la ausencia de inscripción o condición activa limita el alcance formal de dicha representación, sin que ello implique, necesariamente, una valoración sobre la legitimidad de las opiniones expresadas.
La publicación de estos datos forma parte de los mecanismos de transparencia previstos en el sistema electoral peruano. La ONPE pone a disposición de la ciudadanía información detallada sobre ingresos por publicidad política con el objetivo de fortalecer el control social y el acceso a información verificable durante los procesos electorales.
En ese marco, el análisis de la distribución de la pauta no se orienta a establecer responsabilidades legales, sino a aportar elementos objetivos para la comprensión del funcionamiento del mercado de la publicidad política y su impacto en el ecosistema mediático.
La información consignada en los registros oficiales permite observar tendencias, contrastes y particularidades en la relación entre partidos políticos y medios de comunicación, aspectos que forman parte del debate democrático sobre pluralidad informativa y equidad en el acceso a los espacios de difusión.