La muerte del periodista radial Mitzar Castillejos, ocurrida el pasado 26 de diciembre, es investigada ahora como homicidio calificado y sicariato por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali. El caso ha generado atención nacional por tratarse de un ataque contra un comunicador en ejercicio, en un contexto de creciente violencia contra periodistas en regiones.
El Ministerio Público informó que la investigación se encuentra a cargo de la fiscal provincial Milagros Santibáñez Guillén y se desarrolla contra los que resulten responsables. La recalificación del delito marca un giro relevante en el proceso, al considerar que el crimen habría tenido características propias de un asesinato por encargo.
Ataque armado en Aguaytía
El periodista fue víctima de un ataque con arma de fuego el 12 de diciembre en la ciudad de Aguaytía, provincia de Padre Abad, región Ucayali. Tras el atentado, resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital en Tingo María, donde recibió atención médica inicial.
Debido a la gravedad de su estado, la Fiscalía de Derechos Humanos dispuso desde un primer momento medidas de protección policial para el comunicador, al tratarse de un caso que involucraba riesgos adicionales por su labor periodística.
Posteriormente, Mitzar Castillejos fue derivado al Hospital María Auxiliadora, en Lima, con el objetivo de recibir atención especializada. En la capital, se reforzó su resguardo con efectivos policiales de la jurisdicción de San Juan de Miraflores. No obstante, pese a los esfuerzos médicos, falleció el 26 de diciembre a causa de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.
Fiscalía especializada asume competencia
Inicialmente, la investigación estuvo en manos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad. Sin embargo, tras evaluar las circunstancias del caso y la condición de periodista de la víctima, el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo asumió la competencia de manera inmediata.
Desde el Ministerio Público se precisó que este tipo de casos requiere un enfoque especializado, alineado con los estándares internacionales de protección a periodistas y defensores de derechos fundamentales, especialmente cuando se investiga la posible relación entre el crimen y el ejercicio de la libertad de expresión.
En ese marco, fiscales especializados se desplazaron a Aguaytía y Tingo María, junto con personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ucayali, para reforzar las diligencias en el lugar de los hechos.
Diligencias en curso y recolección de pruebas
La Fiscalía informó que se continúan realizando declaraciones testimoniales, pericias balísticas y análisis de información documental. Asimismo, se viene recabando y evaluando imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas en las zonas cercanas al atentado, con el fin de identificar a los autores materiales y determinar la posible participación de terceros.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la recalificación del delito a sicariato responde a los indicios recogidos durante la investigación preliminar, que apuntarían a un ataque dirigido y no a un hecho fortuito.
El caso se mantiene en reserva mientras avanzan las diligencias, a fin de no afectar el desarrollo de la investigación ni la identificación de los responsables.
Protección a periodistas y enfoque internacional
La Fiscalía de Derechos Humanos recordó que el Estado peruano tiene la obligación de garantizar la protección de los periodistas, en especial cuando su labor los expone a amenazas o riesgos derivados de la información que difunden.
En esa línea, se realizaron coordinaciones con el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, adscrito al Ministerio de Justicia, tanto para el acompañamiento del caso como para facilitar el traslado del cuerpo del periodista desde Lima hasta Aguaytía.
Desde el Ministerio Público se reiteró que este tipo de investigaciones busca no solo sancionar a los responsables, sino también enviar un mensaje disuasivo frente a la violencia contra la prensa y el derecho a informar.
Un caso que reabre el debate sobre seguridad
La muerte de Mitzar Castillejos se suma a otros episodios que han reavivado el debate sobre la seguridad de los periodistas en el interior del país, donde la cobertura de temas locales, corrupción, inseguridad o conflictos sociales suele desarrollarse en contextos de alto riesgo.
Organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa han señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a amenazas contra comunicadores, especialmente en regiones donde la presencia del Estado es limitada.
La Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar responsabilidades penales, reafirmando su compromiso con la defensa de la vida, la integridad y la libertad de expresión.