El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), dispuso el cierre definitivo de 141 comercios que operaban al interior de diversos establecimientos penitenciarios del país. La decisión fue oficializada mediante la Resolución Presidencial N.º 523-2025-INPE/P y responde a la detección de múltiples incumplimientos normativos que, según las autoridades, afectaban el control y la seguridad dentro de los penales.
Los comercios clausurados, conocidos como economatos, ofrecían a la población penitenciaria productos básicos como alimentos y artículos de higiene personal. Sin embargo, de un total de 206 economatos autorizados, más de dos tercios serán desactivados de manera definitiva como parte de una estrategia orientada a restablecer el principio de autoridad y la legalidad en los centros de reclusión.
Clausura en el marco del estado de emergencia
El cierre de estos comercios se enmarca en las acciones adoptadas durante el estado de emergencia vigente, particularmente en Lima y Callao, donde el Gobierno ha reforzado medidas excepcionales para enfrentar problemas de seguridad. Según el INPE, la clausura de los economatos busca eliminar focos de desorden administrativo y posibles riesgos para el control penitenciario.
Las autoridades penitenciarias otorgaron un plazo máximo de cinco días calendario para que los responsables de los comercios retiren bienes, enseres y productos que no cuenten con autorización. Cumplido este plazo, se procederá con el cierre definitivo de los espacios intervenidos.
Incumplimientos detectados en los economatos
De acuerdo con la información oficial, los economatos clausurados no cumplían con obligaciones básicas, como el pago por la habilitación de los espacios asignados ni con los servicios esenciales de energía eléctrica y agua. Estas irregularidades fueron consideradas incompatibles con el Reglamento General de Seguridad del INPE, que regula las actividades comerciales dentro de los establecimientos penitenciarios.
Si bien la normativa permite la existencia de actividades económicas al interior de los penales, estas deben desarrollarse bajo estrictos criterios de control, transparencia y cumplimiento legal. El incumplimiento reiterado de estas condiciones motivó la decisión de cerrar de manera definitiva los establecimientos observados.
Sustento técnico y legal de la decisión
La medida se sustenta en un informe elaborado por la Subdirección de Trabajo y Comercialización, el cual fue evaluado por la Dirección de Tratamiento Penitenciario. Posteriormente, el caso fue revisado por la Oficina de Asesoría Jurídica del INPE, que concluyó que el cierre de los 141 economatos era necesario por razones de seguridad penitenciaria y control institucional.
Según el Minjusdh, la presencia de comercios que operan al margen de la normativa representa un riesgo para la administración penitenciaria, al generar espacios no regulados que pueden ser utilizados para prácticas irregulares dentro de los centros de reclusión.
Impacto en la gestión penitenciaria
Las autoridades señalaron que la clausura de estos economatos forma parte de un proceso de reorganización interna del sistema penitenciario, orientado a fortalecer la supervisión y reducir actividades que escapen al control del Estado. El objetivo es garantizar que cualquier servicio brindado dentro de los penales se realice bajo condiciones claras y fiscalizadas.
Desde el INPE se ha precisado que esta medida no implica la eliminación total del acceso de los internos a productos básicos, sino la revisión integral de los mecanismos de abastecimiento, priorizando la seguridad y el cumplimiento normativo.
Seguridad y control como prioridad
El Minjusdh remarcó que el fortalecimiento del orden y la seguridad penitenciaria es una prioridad en el actual contexto, especialmente durante la vigencia del estado de emergencia. En ese sentido, las decisiones adoptadas buscan evitar situaciones que puedan afectar el control interno o facilitar prácticas ilícitas al interior de los establecimientos penitenciarios.
La clausura definitiva de los 141 economatos marca uno de los ajustes más significativos en la gestión comercial dentro de los penales en los últimos años y se suma a otras acciones destinadas a reforzar la autoridad del Estado en el sistema penitenciario.
Medida continuará bajo supervisión
El INPE informó que continuará realizando evaluaciones periódicas sobre el funcionamiento de los servicios autorizados en los centros de reclusión y no descartó nuevas medidas si se detectan irregularidades adicionales. La prioridad, señaló la institución, es garantizar un sistema penitenciario seguro, ordenado y alineado con la normativa vigente.