El Gobierno peruano intensificó durante el 2025 su ofensiva contra la minería ilegal, una de las principales economías ilícitas que afectan al país. Entre enero y el 15 de diciembre, el Poder Ejecutivo impulsó y ejecutó más de 1,000 operativos de interdicción a nivel nacional, acciones que permitieron la incautación y destrucción de bienes e insumos valorizados en más de S/ 3,800 millones.
Estas intervenciones forman parte de una estrategia orientada a golpear directamente la capacidad operativa y logística de las organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilícita de oro, actividad que genera graves impactos ambientales, sociales y económicos, especialmente en regiones amazónicas y andinas.
Golpe a la logística del crimen organizado
El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre, explicó que la prioridad de los operativos es afectar los activos que permiten la expansión de estas redes. “La respuesta del Estado es permanente. Vamos a continuar con intervenciones que impidan que la minería ilegal consolide posiciones y que sigan afectando a las comunidades y al medio ambiente”, afirmó.
Desde el Ejecutivo se sostiene que la destrucción de maquinaria pesada, campamentos y sistemas de abastecimiento resulta clave para impedir que los grupos ilegales retomen rápidamente sus operaciones, especialmente en zonas de difícil acceso donde el control territorial representa un desafío constante.
Acción coordinada de las fuerzas del Estado
Las acciones de interdicción son el resultado de un trabajo articulado entre diversas instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
Esta coordinación permite ejecutar operativos tanto en zonas terrestres como fluviales, con respaldo legal y fiscal, garantizando que los bienes incautados sean destruidos conforme a la normativa vigente y evitando su reutilización por parte de las organizaciones criminales.
Madre de Dios concentra el mayor número de operativos
El balance oficial revela que Madre de Dios encabeza la lista de regiones con mayor número de intervenciones, con 276 operativos ejecutados durante el periodo analizado. Le siguen La Libertad con 135 intervenciones, Amazonas con 66, Ucayali con 61 y Huánuco con 61.
Asimismo, se registraron operativos en Ayacucho, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes, lo que evidencia que la minería ilegal mantiene una presencia extendida en el territorio nacional.
Millonarias incautaciones por región
Además del número de intervenciones, el valor económico de lo incautado refleja la magnitud de la actividad ilegal. Madre de Dios lidera el ranking con bienes valorizados en S/ 1 095 millones, seguida por Cajamarca con S/ 823 millones, La Libertad con S/ 575 millones, Arequipa con S/ 308 millones y Amazonas con S/ 218 millones.
Estas cifras muestran el alto nivel de inversión que realizan las organizaciones dedicadas a la minería ilegal, así como el impacto económico que generan las acciones de interdicción sobre sus operaciones.
Maquinaria pesada y tecnología incautada
Entre los bienes destruidos e incautados figuran excavadoras, motores, campamentos mineros, dragas, generadores eléctricos, además de grandes cantidades de combustible, aceites industriales, balones de gas y herramientas especializadas. También se hallaron antenas Starlink, utilizadas para mantener comunicaciones en zonas remotas, lo que evidencia el nivel de sofisticación tecnológica de estas actividades ilícitas.
La destrucción de estos equipos busca no solo frenar la actividad ilegal, sino también enviar un mensaje disuasivo a quienes financian o participan en este tipo de operaciones.
Sustento legal y control del territorio
Las intervenciones se ejecutaron en amparo del Decreto Legislativo N.° 1100, que autoriza las acciones de interdicción contra la minería ilegal en todo el país. Bajo este marco legal, se dispuso la destrucción del total de los bienes incautados, reforzando la presencia activa del Estado en zonas afectadas por la extracción ilícita de oro.
Desde el Ejecutivo se señala que estas acciones buscan recuperar territorios impactados, proteger los ecosistemas y garantizar un mayor control en regiones donde la minería ilegal ha generado conflictos sociales y degradación ambiental.
Compromiso de intervenciones sostenidas
El Gobierno nacional reafirmó su compromiso de mantener operativos continuos contra la minería ilegal, con el objetivo de debilitar de manera progresiva la capacidad de las redes criminales y evitar su rearticulación. Las autoridades consideran que el combate a esta actividad requiere una estrategia sostenida en el tiempo, acompañada de presencia institucional y coordinación intersectorial.
El Ejecutivo sostiene que la interdicción seguirá siendo una herramienta central para enfrentar esta economía ilícita, en paralelo a otras acciones orientadas a la formalización, la protección ambiental y el fortalecimiento del control territorial en las regiones más afectadas.