El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo de la investigación penal seguida contra el fiscal José Domingo Pérez por presunto enriquecimiento ilícito, al concluir que no existió desbalance patrimonial ni elementos suficientes para sostener una acusación penal en juicio. La decisión fue adoptada por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima y contó con el respaldo del Ministerio Público y la Procuraduría Pública.
El caso se originó en 2023 tras una denuncia ciudadana que cuestionaba la evolución patrimonial del fiscal, particularmente por la adquisición de un vehículo y compromisos financieros asociados a inmuebles. A partir de ello, se dispuso una investigación exhaustiva sobre sus ingresos y egresos durante varios años de ejercicio fiscal.
Juzgado descarta incremento patrimonial injustificado
Según la resolución judicial, los informes periciales contables demostraron coherencia entre los ingresos legales de Pérez y sus gastos, descartando un aumento patrimonial no justificado. El juzgado precisó que el delito de enriquecimiento ilícito exige probar que el incremento patrimonial sea consecuencia directa del ejercicio del cargo público, elemento que no se configuró en este caso.
El pedido de sobreseimiento fue formulado por el fiscal Reggis Oliver Chávez y declarado fundado por el juzgado, que consideró que la evidencia técnica no solo descartaba irregularidades, sino que arrojaba incluso un resultado favorable al investigado.
Se levantan medidas restrictivas y se cierra el proceso
Con el archivo del caso, el Poder Judicial ordenó levantar todas las medidas coercitivas impuestas durante la investigación y dispuso la devolución de la carpeta fiscal al despacho correspondiente. De esta manera, el proceso quedó formalmente cerrado, sin perjuicio de una eventual reapertura si aparecieran nuevos elementos probatorios, escenario que el juzgado consideró poco probable.
Durante la investigación se realizaron tres peritajes contables. El primero detectó un posible desbalance, pero fue observado por inconsistencias técnicas. Posteriormente, y por mandato de la Corte Suprema, se efectuó un análisis ampliado y definitivo, que comprendió el periodo entre 2014 y 2021, descartando cualquier incremento ilícito.
Ministerio Público y Procuraduría respaldaron el archivo
Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría Pública coincidieron en que no existían elementos de convicción para continuar con el proceso penal. La Procuraduría, además, no formuló oposición ni solicitó reparación civil, reforzando la decisión judicial de archivar el expediente.
El juzgado subrayó que la investigación fue amplia y técnicamente sustentada, por lo que no existe una posibilidad razonable de incorporar nueva evidencia que permita llevar el caso a juicio.
Pérez advierte impacto por eventual desactivación del Equipo Lava Jato
Tras conocerse la resolución, José Domingo Pérez se refirió al escenario interno del Ministerio Público y advirtió que una eventual desactivación del Equipo Especial Lava Jato será de exclusiva responsabilidad del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. En declaraciones radiales, recordó el antecedente del exfiscal Pedro Chávarry y alertó sobre las consecuencias que una decisión de ese tipo podría tener en investigaciones emblemáticas.
Pérez cuestionó la falta de diálogo institucional con la nueva gestión y señaló que declaraciones previas de Gálvez comprometerían su imparcialidad para adoptar decisiones sobre los equipos especiales. Afirmó que cualquier impacto negativo en los casos en curso recaerá directamente en la actual conducción del Ministerio Público.
Cierre judicial y escenario político-jurídico
El archivo definitivo de la denuncia representa un respaldo judicial a la situación patrimonial del fiscal y ocurre en un contexto de tensión institucional dentro del Ministerio Público. Mientras el proceso penal queda cerrado, el debate se traslada ahora al futuro del Equipo Especial Lava Jato y a las decisiones que adopte la Fiscalía de la Nación interina en los próximos días.