El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó una propuesta integral para modificar el marco penal y administrativo que regula las armas de fuego en el país. La iniciativa, elaborada en el contexto de la delegación de facultades otorgada por el Congreso, busca enfrentar uno de los problemas más críticos de la seguridad pública: el reingreso de armas incautadas al mercado ilegal y su frecuente uso por parte del crimen organizado.
El proyecto incluye medidas que van desde la modificación del artículo 279-G del Código Penal hasta cambios sustanciales en la Ley N.° 30299 para reforzar el control estatal, reducir los riesgos de desvío y garantizar una cadena de custodia estricta. La gran pregunta de fondo es: ¿por qué las armas incautadas siguen reapareciendo en manos de delincuentes? El MINJUSDH afirma que la debilidad del sistema actual ha permitido que armamento decomisado regrese a actividades criminales, alimentando una espiral de violencia que golpea a las ciudades del país.
Cambios al Código Penal: penalización de nuevas formas de tenencia
Una de las modificaciones más importantes es la incorporación de nuevas modalidades de tenencia ilegal de armas. El MINJUSDH propone criminalizar la posesión de armas de fuego inoperativas, una práctica cada vez más extendida en organizaciones delictivas que emplean estas piezas para intimidar, modificar o reactivar armamento sin ser sancionados por la ley actual.
Además, la propuesta introduce la figura de la “tenencia compartida”, que permitiría sancionar penalmente a todas las personas presentes en un espacio donde se encuentre un arma de fuego sin autorización. Esto cerraría un vacío legal frecuente en operativos policiales, donde ningún sospechoso asume responsabilidad por el arma hallada, dificultando las imputaciones fiscales.
Estas modificaciones apuntan a una pregunta clave: ¿puede el Estado sancionar con mayor precisión el uso indirecto o encubierto de armas ilegales sin afectar derechos fundamentales? Para el MINJUSDH, la respuesta es sí, siempre que se delimiten criterios objetivos y se fortalezca la investigación criminal.
Control estricto en el traslado de armas incautadas
Otro eje central de la reforma se encuentra en el fortalecimiento de la cadena de custodia. El ministerio plantea modificar la Ley N.° 30299 para incorporar la supervisión obligatoria del Ministerio Público en el traslado de armas incautadas desde las dependencias de la Policía Nacional hacia los almacenes de la SUCAMEC.
Actualmente, estos traslados no siempre cuentan con un control fiscal efectivo, lo que ha generado sospechas sobre posibles desvíos o pérdidas que terminan beneficiando a redes criminales. Con esta reforma, el objetivo es cerrar cualquier espacio para la manipulación irregular del armamento decomisado y garantizar su registro y conservación bajo estándares estrictos.
La iniciativa plantea una interrogante relevante: ¿es suficiente el control fiscal para evitar filtraciones dentro del propio sistema estatal? El MINJUSDH sostiene que la articulación entre Policía, Fiscalía y SUCAMEC permitirá reducir sustancialmente ese riesgo.
Reducción del plazo para destruir armas: de tres años a uno
En su propuesta normativa, el MINJUSDH también busca modificar el plazo máximo para la destrucción de armas incautadas, reduciéndolo de tres años a un solo año. Esta medida busca evitar que el armamento permanezca largos periodos en depósitos vulnerables a pérdidas, robos o reutilización indebida.
La reducción del plazo está orientada a mejorar la trazabilidad de cada arma y agilizar el proceso administrativo para su eliminación definitiva, siguiendo los estándares de seguridad exigidos por SUCAMEC.
Para especialistas en seguridad, la pregunta que se plantea es clara: ¿la destrucción más rápida del armamento reducirá la capacidad operativa del crimen organizado? La evidencia internacional muestra que acortar estos plazos disminuye el riesgo de desvíos, lo que contribuiría a debilitar la disponibilidad de armas ilegales en las calles.
Respuesta al crimen organizado y a nuevas modalidades delictivas
Según el MINJUSDH, las reformas responden al crecimiento de estructuras delictivas que reutilizan armas incautadas, manipulan piezas inoperativas o usan armas replicadas para intimidar en actividades como extorsión, robo agravado, sicariato y tráfico ilícito de drogas.
La propuesta adopta un enfoque integral que reconoce que el crimen organizado ha diversificado su capacidad logística y operativa. Por ello, el marco legal también debe actualizarse para enfrentar modalidades que hace una década no existían o no eran frecuentes en el Perú.
En este contexto, el MINJUSDH señala que la reforma legal es solo una parte de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana que incluye prevención, inteligencia, desarticulación de bandas y fortalecimiento del sistema de justicia.
Coordinación institucional para garantizar seguridad ciudadana
Finalmente, la propuesta promueve un sistema articulado entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y la SUCAMEC. El objetivo es asegurar que el manejo de armas incautadas se realice de manera transparente, con supervisión continua y bajo reglas uniformes, una demanda histórica de las instituciones de control.
La pregunta clave hacia adelante será: ¿podrá esta reforma eliminar los espacios de corrupción y negligencia que permiten que las armas vuelvan al mercado ilegal? Para el gobierno, esta propuesta representa un paso determinante para reducir la violencia y devolver tranquilidad a los ciudadanos.