La lucha contra la criminalidad vuelve al centro del debate político y operativo del país. A poco más de un mes del inicio de la nueva administración, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha puesto sobre la mesa una promesa clave: reconstruir los servicios de inteligencia, alinearlos con las fuerzas operativas y diseñar un plan estratégico de seguridad ciudadana que responda a la emergencia nacional declarada en diversas regiones.
A diferencia de las estrategias fragmentadas que marcaron los últimos gobiernos, Álvarez insiste en un modelo basado en la coordinación integral. Según afirma, la seguridad no puede sostenerse solo en patrullajes o en la represión directa, sino en el uso inteligente de la información, el cruce de datos y la capacidad de anticiparse a estructuras criminales cada vez más sofisticadas.
Una seguridad basada en información: el retorno a la inteligencia
Durante una presentación oficial, Álvarez señaló que el Gobierno ha puesto en marcha una articulación inédita entre la Policía Nacional del Perú (PNP), los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta integración busca reducir los vacíos que, por años, han permitido que bandas de sicariato, extorsión, narcotráfico y trata de personas operen con ventaja frente al Estado.
¿Por qué la inteligencia vuelve a ser clave en la lucha contra el crimen?
Porque, según el premier, la falta de sincronización entre unidades ha debilitado la capacidad de respuesta del Estado. “El esfuerzo inicial es muy grande, pero cuando los organismos de inteligencia cooperan de manera natural con los cuerpos operativos, los resultados aumentan de forma sostenida”, indicó.
La apuesta apunta a un enfoque que permita anticiparse a las organizaciones criminales, desarticular redes y cortar sus recursos financieros antes de que logren consolidarse en territorios urbanos y rurales. En paralelo, se busca fortalecer la capacidad investigativa de la Policía, que en las últimas décadas se ha gestionado con presupuestos limitados y escasos recursos tecnológicos.
Un plan estratégico nacido en plena emergencia
El Ejecutivo trabaja en un plan estratégico de seguridad ciudadana que será presentado en los próximos días. De acuerdo con Álvarez, el documento se ha elaborado a partir de lo encontrado en los primeros 35 días de gestión: sistemas de inteligencia debilitados, unidades operativas sin información actualizada y una precariedad que limita la respuesta ante el avance del crimen.
¿Qué se puede esperar de este plan?
Aunque el premier evitó dar detalles específicos, sí afirmó que la estrategia está orientada a tres ejes:
- Reconstrucción de los servicios de inteligencia, actualmente fragmentados.
- Integración operativa entre Policía, Fuerzas Armadas e Interior.
- Conexión directa entre los resultados de inteligencia y los grupos operativos en campo.
Álvarez insiste en que el modelo no se sostendrá en el uso de la fuerza, sino en la calidad de la información. “Se trata de buscar un equilibrio, no a través de la fuerza, sino a través de los servicios de inteligencia que en este momento tienen que ser reconstruidos. Es un reto enorme que ahora asumimos”, declaró.
Estado de emergencia: ¿medida necesaria o reacción tardía?
El contexto en el que se construye este plan es complejo. El país atraviesa estados de emergencia activados en diversas regiones debido al incremento de asesinatos, asaltos, extorsiones y presencia de redes criminales vinculadas incluso a bandas extranjeras.
Para el Gobierno, esta situación exige acciones inmediatas, pero también un rediseño estructural. Álvarez sostiene que las medidas excepcionales deben complementarse con una estrategia permanente, capaz de neutralizar a los grupos delictivos sin depender exclusivamente de la militarización de las calles.
En sectores críticos como Lima Norte, San Juan de Lurigancho o provincias del norte, el crimen organizado ha mostrado su capacidad de adaptación, incluso bajo intervención militar. El premier reconoce esta realidad: enfrentarla requiere inteligencia sofisticada, interoperabilidad entre instituciones y una red de información capaz de identificar patrones criminales.
Un reto para un Estado fragmentado
La fragmentación estatal es uno de los principales obstáculos. Durante los últimos años, distintos gobiernos han creado comités, comandos especiales y unidades temporales sin consolidar un sistema centralizado de inteligencia.
Álvarez busca revertir esa tendencia. Su propuesta apunta a que toda información fluya hacia un centro articulador, capaz de distribuir datos a las unidades ejecutoras, reducir duplicidades y disminuir el tiempo de respuesta. Esto incluye recuperar tecnologías obsoletas, actualizar protocolos y profesionalizar el trabajo conjunto.
El premier advierte que la reconstrucción será lenta, pero decisiva. La meta es que el Estado deje de reaccionar ante el crimen y comience a anticiparlo, un elemento ausente en la política de seguridad de las últimas dos décadas.
¿Podrá el Gobierno sostener esta estrategia?
La pregunta de fondo es si el Ejecutivo tendrá la capacidad política y operativa para sostener esta transformación. El país enfrenta tensiones institucionales, crisis territoriales y presiones presupuestales. Sin embargo, Álvarez afirma que el plan está diseñado para funcionar incluso en escenarios adversos.
Si se implementa como ha sido planteado, el modelo podría marcar un giro hacia una seguridad pública menos reactiva y más estratégica. Si no, podría convertirse en un nuevo intento incompleto en un historial de promesas postergadas.
Por ahora, la ciudadanía espera resultados en un contexto donde la violencia criminal continúa escalando. El premier asegura que los primeros avances se verán en los próximos meses, una promesa que será evaluada bajo la lupa de la urgencia nacional.