El expresidente Martín Vizcarra presentó formalmente un recurso de apelación contra la sentencia que lo condena a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, en el marco del caso que lo vincula con presuntos pagos ilícitos durante la construcción de obras cuando fue gobernador regional de Moquegua. La apelación fue presentada ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que el 26 de noviembre de 2025 emitió el fallo que además incluye inhabilitación, multa económica y el pago de reparación civil solidaria.
La defensa del exmandatario invocó el derecho constitucional a la pluralidad de instancia y cuestionó los fundamentos del fallo que lo declara autor de dos hechos de cohecho, solicitando que la sentencia sea revisada íntegramente por una sala superior.
La condena que Vizcarra busca revertir
El recurso de apelación señala que la sentencia —expediente 33-2020— lo declara autor del delito de cohecho pasivo propio (hecho 1 y hecho 2), previsto en el artículo 393° del Código Penal, en agravio del Estado. Bajo esta calificación, el colegiado determinó que Vizcarra habría recibido beneficios indebidos mientras ejercía como gobernador regional, en el marco de contratos públicos de infraestructura.
¿Qué medidas incluye la sentencia?
El fallo establece:
- 14 años de pena privativa de la libertad, de carácter efectivo, con ejecución inmediata.
- 9 años de inhabilitación para ejercer “mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público”.
- Multa de 730 días-multa, equivalente a S/ 94,900.
- Pago de S/ 2′336,000 por reparación civil, de forma solidaria con las empresas INCOT Contratistas Generales, Obrainsa y Astaldi Perú.
Adicionalmente, se dispone que el cumplimiento de la condena se compute desde el 26 de noviembre de 2025, descontando la carcelería por prisión preventiva que se le impuso durante la etapa inicial del proceso.
Los argumentos de la defensa: pluralidad de instancia y cuestionamiento del fallo
En su escrito, la defensa de Vizcarra invoca los artículos 414.1.b y 405 del Código Procesal Penal, así como el artículo 139.6 de la Constitución, que garantiza el derecho a una segunda instancia. Con base en ello, solicita que el fallo sea elevado para revisión.
¿Por qué apela Vizcarra?
Aunque el recurso aún deberá ser ampliado con agravios concretos en la etapa correspondiente, el documento presentado indica que se cuestionan aspectos centrales:
- La calificación del delito atribuida por el juzgado.
- La valoración de pruebas y testimonios considerados por el colegiado.
- La proporcionalidad de la pena impuesta.
- La determinación del monto de reparación civil.
La defensa sostiene que existen elementos que, a su criterio, demostrarían que la sentencia se basó en una interpretación incompleta o errónea de los hechos investigados.
Impacto político y jurídico del caso
La condena a Martín Vizcarra, uno de los expresidentes más influyentes de los últimos años, representa uno de los fallos más significativos del sistema anticorrupción en el país. Su apelación abre un nuevo tramo procesal en el que se evaluará si la decisión del colegiado se mantiene, se revoca o se modifica.
¿Qué podría ocurrir ahora?
El caso será elevado a una Sala Penal de Apelaciones, que deberá:
- Revisar el expediente completo.
- Escuchar los alegatos de la defensa y de la Fiscalía.
- Determinar si el fallo de primera instancia se encuentra debidamente motivado.
Este proceso puede tomar varios meses y, dependiendo del criterio de la Sala, Vizcarra podría mantener la condena, recibir una reducción o enfrentar un nuevo juicio si el fallo es anulado.
Reparación civil: empresas obligadas solidariamente
Uno de los puntos más relevantes del fallo es el monto de S/ 2′336,000 impuesto como reparación civil, que deberá ser pagado no solo por Vizcarra, sino también por las empresas vinculadas al caso:
- INCOT Contratistas Generales S.A.C.
- Obras e Ingeniería S.A. (Obrainsa)
- Astaldi S.p.A. – Sucursal Perú
La sentencia declara fundada en parte la pretensión resarcitoria del Actor Civil, estableciendo que los daños extrapatrimoniales generados por los hechos atribuidos justifican dicho monto.
¿Qué viene para la defensa del expresidente?
Una vez presentada la apelación, Vizcarra deberá complementar sus argumentos en un escrito de fundamentos, donde especificará punto por punto las razones jurídicas por las que considera que la sentencia debe ser revocada. La Sala Superior, tras escuchar a todas las partes, emitirá un nuevo pronunciamiento.
En paralelo, la defensa podría solicitar medidas respecto a la ejecución inmediata de la pena, alegando afectación de derechos mientras la apelación se resuelve.
El proceso continuará siendo uno de los más seguidos del país por su impacto político, jurídico y mediático.