El Pleno del Congreso aprobó este 3 de diciembre la formación de causa penal contra el exministro de Trabajo Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, investigado por su presunta intervención irregular en el millonario pago que EsSalud realizó a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Con 54 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones, el Parlamento abrió paso a un proceso fiscal por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Decisión parlamentaria
La resolución aprobada —13461/2025-CR— es el resultado de un proceso que se remonta a 2023, cuando el congresista Juan Burgos y la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides denunciaron al exministro por presunta infracción constitucional y por supuestas gestiones para acelerar un pago a favor de la empresa proveedora de kits de detección rápida de COVID-19.
Ambas denuncias fueron admitidas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 21 de noviembre de 2023, que abrió investigación por infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución, además del presunto delito previsto en el artículo 399 del Código Penal.
Investigación y testimonios
Durante el proceso, Adrianzén presentó descargos, documentación y defensa técnica. El grupo parlamentario —con el congresista José Cueto como delegado— realizó dos audiencias públicas en marzo y abril de 2024, en las que participaron denunciantes, representantes del Ministerio Público y el propio exministro.
Funcionarios de EsSalud, como Aurelio Orellana y Publio Maldonado, confirmaron reuniones y comunicaciones relacionadas al cumplimiento del laudo arbitral que ordenó el pago de S/ 41 millones a Aionia Technology. Dichos testimonios fueron considerados claves para sustentar la investigación.
Pago millonario bajo la lupa
Según el informe aprobado por la Subcomisión, el 10 de febrero de 2023 EsSalud ejecutó tres desembolsos —S/ 9,7 millones, S/ 15 millones y S/ 15 millones— en cumplimiento del laudo emitido en diciembre de 2022. La tesis parlamentaria sostiene que el exministro habría mostrado un interés indebido en que dicho pago se concrete con celeridad, lo que configuraría la presunta negociación incompatible.
Si bien el grupo recomendó archivar la parte referida a la infracción constitucional, sí propuso acusar a Adrianzén penalmente. La Comisión Permanente ratificó esa conclusión el 4 de junio de 2025 y conformó la subcomisión acusadora para sustentar el caso ante el Pleno.
Defensa y trámite final
Durante el debate en el hemiciclo, Adrianzén rechazó las acusaciones y aseguró que no intervino de manera irregular. “He sido objeto de una manipulación mediática (…) Ninguno de los funcionarios entrevistados ha dicho que yo presioné o aceleré el pago”, sostuvo.
Pese a ello, el Pleno decidió autorizar la apertura de proceso penal. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el expediente será remitido a la Fiscalía de la Nación, conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso y la Constitución, para que continúe el procedimiento correspondiente.