El presidente de la República, José Jerí, instó al Congreso a acelerar la aprobación de una reforma legal que otorgue a las Fuerzas Armadas el control integral de las fronteras. La propuesta —que será debatida en la Comisión de Constitución antes de la quincena de diciembre— constituye uno de los pilares centrales de la estrategia gubernamental para enfrentar el crimen transnacional y revertir la histórica ausencia del Estado en zonas limítrofes.
La iniciativa fue presentada durante una visita oficial a Tumbes, donde Jerí recibió reportes sobre actividades ilícitas vinculadas a minería ilegal, tráfico de migrantes y contaminación ambiental en la frontera norte. El mandatario advirtió que el despliegue del Estado en estas áreas “ha sido insuficiente durante los últimos 25 años” y remarcó que su gobierno busca corregir ese rezago estructural.
¿Qué plantea la reforma para militarizar el control fronterizo?
Jerí explicó que la propuesta asigna formalmente a la Marina de Guerra, el Ejército y la Fuerza Aérea el resguardo permanente de las fronteras. La PNP, por su parte, se concentraría exclusivamente en funciones de orden interno y seguridad ciudadana.
Según el Ejecutivo, esta reorganización permitirá enfrentar con mayor eficiencia redes criminales vinculadas al tráfico de armas, contrabando, narcotráfico, minería ilegal y los movimientos migratorios irregulares. El presidente subrayó que cada frontera tiene dinámicas diferenciadas que requieren un despliegue especializado y sostenido.
La reforma también propone modificar la norma que prohíbe la inversión extranjera dentro de los primeros 50 kilómetros de la frontera, a fin de permitir actividades económicas formales que generen empleo y reduzcan la influencia de organizaciones ilegales en estas zonas.
¿Por qué eliminar la restricción a la inversión extranjera?
Jerí sostuvo que esta prohibición ha frenado el desarrollo de infraestructura y servicios en regiones como Tumbes, Madre de Dios, Amazonas y Tacna, limitando la competitividad local. Aseguró que flexibilizar el marco legal permitirá dinamizar la economía bajo supervisión estatal y “cerrar espacios a la informalidad”.
Para el gobierno, atraer capital privado sería clave para fortalecer actividades productivas y reducir la dependencia económica de comunidades fronterizas respecto de redes ilícitas.
Reconocimiento del abandono estatal en zonas limítrofes
El mandatario reconoció que el limitado despliegue del Estado en las últimas décadas facilitó la expansión de grupos dedicados al tráfico de bienes, personas y recursos naturales. Por ello, adelantó que se fortalecerá el equipamiento de la PNP, se incrementarán los patrullajes y se enviarán más efectivos a los puntos críticos de ingreso irregular identificados en la frontera con Ecuador.
Entre las áreas más vulnerables figuran rutas utilizadas para el tráfico de migrantes, el traslado de insumos químicos, mercancía ilegal y maquinaria destinada a actividades mineras.
Agenda pendiente con Ecuador: migración y medio ambiente
Jerí anunció que en las próximas semanas se realizará un encuentro binacional Perú–Ecuador para abordar el libre tránsito en zonas de frontera, acuerdos intermunicipales y acciones contra la migración irregular.
Durante su visita a Tumbes, autoridades locales alertaron sobre el avance de la minería ilegal proveniente de Ecuador, que estaría contaminando el río Tumbes y generando riesgos para la salud pública. El presidente aseguró que este tema formará parte de la agenda bilateral y que se buscarán “acuerdos ejecutables y de cumplimiento inmediato”.
¿Qué efectos tendría el control militar de las fronteras?
De acuerdo con el gobierno, la medida permitiría:
- Mayor capacidad de respuesta frente a redes criminales transnacionales.
- Vigilancia permanente en zonas críticas.
- Operativos conjuntos más rápidos con la PNP y Aduanas.
- Un despliegue aéreo, terrestre y marítimo reforzado.
- Mejor supervisión de pasos no autorizados.
Expertos consultados por el Ejecutivo consideran que la intervención militar podría reducir delitos como el tráfico de personas, el contrabando de combustible, la minería ilegal y la salida clandestina de oro hacia países vecinos.