El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, lanzó un mensaje directo al Congreso sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El Ejecutivo —dijo— espera que el Pleno introduzca modificaciones al dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas que plantea extender la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027. De no ocurrir, el Gobierno observará la norma.
El premier dio estas declaraciones tras participar en el quince aniversario de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), donde remarcó que el objetivo central es evitar que la ampliación del registro termine beneficiando a actores que utilizan la formalización como fachada para actividades ilegales.
Ejecutivo pide ajustes y advierte observación
“En el Ejecutivo esperamos las modificaciones necesarias, porque de lo contrario tendremos que observar la norma que apruebe el Pleno”, manifestó Álvarez, en referencia al predictamen que ha generado una fuerte controversia entre sectores vinculados a la minería artesanal, ambientalistas y especialistas en lucha contra la minería ilegal.
Entre los puntos de preocupación se encuentra la posibilidad de que la prórroga —si no se precisan criterios— permita que mineros sin voluntad real de formalizarse regresen al sistema, generando un efecto perverso que debilite las acciones contra la minería ilegal, uno de los principales motores del crimen organizado en regiones como Madre de Dios, Arequipa, Puno y La Libertad.
Reevaluación de casos sí, reincorporación masiva no
Álvarez reconoció que existe un grupo de mineros que quedó fuera del Reinfo por motivos administrativos y que ha solicitado una reconsideración para ser incorporado nuevamente. Para estos casos, señaló que hay espacio para una evaluación técnica.
“Todo ciudadano tiene derecho a solicitar una reconsideración. Existe un grupo no muy numeroso de mineros que lo ha pedido y considero que es positivo”, afirmó el premier. Sin embargo, fue enfático en que esta apertura no puede convertirse en una “reincorporación irracional” de mineros que abandonaron el proceso de formalización sin acreditar avances o que fueron separados por incumplimientos graves.
El titular de la PCM subrayó que algunos operadores se han valido del Reinfo únicamente como mecanismo para blanquear oro ilegal, sin asumir los compromisos que la formalización exige dentro del marco del estado de derecho.
Distinción entre minería ilegal y minería artesanal
Álvarez insistió en la necesidad de diferenciar entre minería ilegal, asociada a redes criminales, y minería artesanal o de pequeña escala, cuyos operadores —afirmó— enfrentan procedimientos diseñados para grandes compañías mineras, con requisitos económico-jurídicos imposibles de cumplir en su realidad cotidiana.
Este sector, según el premier, necesita un sistema de formalización realista, simplificado y proporcional, que no los empuje hacia la informalidad, pero que tampoco abra puertas para que organizaciones ilegales utilicen el Reinfo como un blindaje normativo.
Sentencias a expresidentes y mensaje sobre Estado de Derecho
El jefe del Gabinete también se refirió a las recientes sentencias condenatorias contra dos expresidentes, un hecho que ha generado amplio debate público. Álvarez lamentó que dos exmandatarios hayan llegado a recibir condenas en procesos judiciales, pero resaltó el valor democrático de que el Poder Judicial actúe con independencia, incluso frente a figuras de alto peso político.
“A pesar de que estas personas tienen cierto poder político, el Poder Judicial ha logrado obtener sentencias. El ciudadano que trabaja y paga sus impuestos necesita tener la confianza de que quien delinque asume las consecuencias”, afirmó.
Para Álvarez, estas decisiones evidencian que el Estado de Derecho en el Perú mantiene vigencia y que las instituciones continúan funcionando pese a la crisis política que el país ha atravesado en los últimos años.
Contexto del debate sobre el Reinfo
El Reinfo, creado en 2012, ha tenido múltiples ampliaciones. Especialistas han advertido que su uso indebido ha permitido que miles de operadores accedan a maquinaria, insumos y rutas de comercialización con apariencia de legalidad, sin avanzar hacia la formalización plena. Esto ha generado un incentivo para la expansión de la minería ilegal, especialmente en zonas amazónicas y altoandinas.
El dictamen que busca ampliar su vigencia hasta 2027 plantea una nueva ventana de tiempo de dos años adicionales, lo que ha generado preocupación en sectores que temen un relajamiento del control en un contexto donde la minería ilegal se vincula con tráfico de armas, lavado de activos y deforestación masiva.
En esa línea, el Ejecutivo sostiene que la ampliación solo será viable si incorpora mecanismos de filtro, criterios más estrictos y supervisión integral, para evitar que operadores ilegales se beneficien de la prórroga.