El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado la noche del miércoles 26 de noviembre al penal Barbadillo, donde comenzó a cumplir la condena de 14 años de prisión impuesta por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. El fallo, relacionado con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, marca uno de los episodios judiciales más determinantes en la trayectoria del exmandatario y en la lucha anticorrupción en el país. La sentencia también incluye inhabilitación por nueve años, 730 días multa y el pago de S/ 2.3 millones por concepto de reparación civil.
Traslado al penal y cumplimiento inmediato de la pena
A las 9:21 p.m., Vizcarra fue conducido en un vehículo del INPE desde la sede judicial de La Victoria hacia el establecimiento penitenciario ubicado en Ate. La medida se ejecutó pocas horas después de que el tribunal notificara la sentencia. ¿Por qué el Poder Judicial ordenó su inmediato internamiento? Según la resolución, el fallo tiene ejecución directa al ser condena efectiva y no existir un pedido de variación de mandato pendiente de pronunciamiento.
El exmandatario ingresó a Barbadillo bajo estricta custodia policial. De acuerdo con el INPE, la pena se computa desde el propio 26 de noviembre de 2025, fecha en que se notificó la decisión judicial.
Detalles del fallo: sobornos, porcentajes y condicionamientos
El tribunal determinó que Vizcarra solicitó y recibió sobornos por S/ 2.3 millones cuando era presidente regional de Moquegua (2011-2014). La sentencia precisa dos actos concretos:
- Proyecto Lomas de Ilo: solicitó el 2 % del valor del contrato para favorecer a la empresa Obrainsa en la licitación.
- Hospital de Moquegua: condicionó la firma del contrato a un pago de S/ 1.3 millones, entregado por el consorcio adjudicatario.
El colegiado calificó estos hechos como actos de corrupción que vulneraron el principio de imparcialidad en la gestión pública. Además, impuso una reparación civil solidaria de S/ 2 millones 336 mil, que deberán cubrir Vizcarra y las empresas involucradas.
¿Por qué no se le impusieron los 15 años que pidió la Fiscalía?
Durante el juicio oral, iniciado en mayo de 2024, la Fiscalía solicitó 15 años de prisión. Sin embargo, el colegiado estableció finalmente una condena de 14 años tras evaluar las circunstancias atenuantes y los elementos probatorios. El fallo recoge la declaración de colaboradores eficaces que corroboraron la entrega de pagos irregulares.
Asimismo, se ratificó la inhabilitación por nueve años para ocupar cargos públicos y el pago de los días multa equivalentes a S/ 94,900.
Voto singular: plantearon una pena menor
El magistrado Andy Rodríguez emitió un voto singular que generó atención. En su opinión, no se probó el condicionamiento del contrato del Hospital de Moquegua, sino solo la recepción del dinero. Por ello, propuso una pena de cinco años por ese caso, lo que habría reducido la condena total a 11 años.
También sostuvo que la sentencia debía ejecutarse recién cuando quedara firme. Sin embargo, la mayoría del colegiado desestimó ambas posiciones, dando paso a la orden inmediata de reclusión.
Un proceso con cinco años de acumulación fiscal
La investigación contra Vizcarra nació en 2020 dentro del llamado Caso Club de la Construcción. La Fiscalía presentó en 2022 una acusación de más de 800 folios, sustentando que los pagos ilegales habrían sido parte de un sistema estructurado de corrupción para direccionar obras millonarias.
Durante el juicio, el Ministerio Público mantuvo que Vizcarra utilizó su posición para obtener beneficios económicos indebidos, aprovechando información privilegiada en los procesos de contratación.
Vizcarra ya había pisado Barbadillo este año
En septiembre de 2025, Vizcarra estuvo detenido durante 20 días por los mismos casos, en el marco de una orden de prisión preventiva que luego fue revocada por un tribunal. En aquella ocasión, decenas de simpatizantes acudieron a respaldarlo en su salida.
Esta vez, no obstante, la situación es distinta: la sentencia es condenatoria y de cumplimiento efectivo.
¿Qué viene ahora en el proceso judicial?
El exmandatario aún puede presentar recursos ante instancias superiores, como nulidades o apelaciones respecto a aspectos del fallo. Sin embargo, estos recursos no detienen la ejecución de la pena.
El INPE y el Poder Judicial coordinarán la etapa de ejecución penal, que incluye el monitoreo del pago de la reparación civil, el cumplimiento de la inhabilitación y la permanencia del sentenciado en el penal designado.
Impacto político y legal
El encarcelamiento de Martín Vizcarra, quien llegó a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, representa un nuevo hito en la lista de expresidentes investigados o condenados por corrupción en Perú. ¿Qué significa esto para el sistema político peruano? Analistas señalan que la sentencia evidencia avances en la lucha contra la impunidad, pero también abre un debate sobre los procesos de contratación pública regional y la persistencia de redes ilícitas en gobiernos subnacionales.