El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ejecutó un nuevo operativo inopinado en el penal de Cajamarca, como parte del plan nacional para reforzar el control interno de los establecimientos penitenciarios del país. La diligencia, encabezada por la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, permitió la incautación de cinco celulares, chips telefónicos, conexiones clandestinas y otros elementos prohibidos, en un esfuerzo por frenar las comunicaciones ilícitas desde los penales.
La intervención se desarrolló la mañana del 22 de noviembre y contó con la presencia de un fiscal penal de turno, además de veedores internos, garantizando el respeto del procedimiento y los derechos fundamentales de los internos. La acción forma parte de una estrategia gubernamental más amplia para combatir la criminalidad organizada, que se nutre del uso de celulares desde cárceles para coordinar extorsiones, estafas y cobros ilegales.
A continuación, el desarrollo completo de la nota.
¿Por qué se ejecutó este operativo en Cajamarca?
La intervención forma parte del plan de fortalecimiento del control penitenciario impulsado por el MINJUSDH, que busca cortar la comunicación entre internos y redes delictivas en el exterior. Cajamarca fue seleccionada como punto estratégico debido a reportes que alertaban sobre posibles comunicaciones clandestinas desde los pabellones de alta seguridad.
Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de Chiclayo, ingresó de manera sorpresiva a los ambientes priorizados para realizar una revisión minuciosa de las celdas. Según la institución, este tipo de operativos continuará en distintos penales para evitar que se reorganicen estructuras criminales desde el interior.
La pregunta clave que guía estas intervenciones es: ¿qué tan extendido es el uso de celulares dentro de los penales?
Las autoridades coinciden en que, pese a los controles, existe una capacidad constante de reposición por parte de redes internas, por lo que la estrategia se basa en acciones rápidas, sorpresivas y repetidas.
¿Qué se incautó durante la intervención?
El operativo dejó como resultado la incautación de:
- Cinco celulares.
- Varios chips telefónicos.
- Cargadores, audífonos y memorias micro SD.
- Conexiones eléctricas clandestinas usadas para alimentar equipos.
- Armas hechizas punzocortantes y otros objetos prohibidos.
- Equipos eléctricos no autorizados.
Estos hallazgos confirman lo señalado por el Ejecutivo: la criminalidad ha desarrollado mecanismos internos para mantener comunicación con el exterior, pese a la prohibición expresa establecida en el régimen penitenciario.
Una de las preguntas más recurrentes es: ¿por qué sigue habiendo celulares dentro de los penales?
Fuentes penitenciarias indican que los ingresos clandestinos suelen darse mediante visitas, proveedores externos o actos de corrupción interna, motivo por el cual el Gobierno ha decidido intensificar supervisiones y depuraciones operativas.
Supervisión fiscal: ¿cómo se garantiza la legalidad del operativo?
El operativo contó con la presencia del fiscal penal de turno de Cajamarca, quien observó el procedimiento desde su inicio hasta la incautación final de los objetos. La Fiscalía cumple un rol clave para asegurar que las intervenciones respeten los protocolos legales y que cualquier hallazgo relevante tenga impacto penal.
La pregunta clave: ¿qué ocurre después con los objetos incautados?
Todos los equipos y materiales fueron registrados, lacrados y puestos a disposición del Ministerio Público, que evaluará la apertura de investigación por la presunta comisión de delitos vinculados al uso ilegal de telecomunicaciones dentro de un establecimiento penitenciario.
Asimismo, se comunicó el resultado a los delegados de pabellón, quienes participaron como veedores para asegurar transparencia en la diligencia.
Línea directa desde el Ejecutivo: ¿qué orden dio el Gobierno?
El operativo se realizó por disposición del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, en cumplimiento de las medidas de seguridad dictadas por el presidente José Jerí. El Gobierno ha ordenado incrementar la frecuencia y el carácter sorpresivo de estas intervenciones, que se están ejecutando en penales de Lima, Chiclayo, Piura, Trujillo, Arequipa y ahora Cajamarca.
La estrategia del Ejecutivo apunta a:
- Reducir la operatividad de bandas criminales que utilizan celulares para extorsiones.
- Instalar un régimen de control permanente, sin previo aviso.
- Coordinar con la Policía y el Ministerio Público para potenciar los resultados.
- Garantizar la seguridad interna y el orden penitenciario.
Según fuentes del sector, esta política responde a informes de inteligencia que indican que gran parte de las extorsiones telefónicas del país se originan en penales, lo que obliga al Gobierno a actuar con una línea de mando directa.
¿Qué viene después para el penal de Cajamarca?
El INPE continuará con inspecciones complementarias, evaluando:
- Cambios en el personal de seguridad, si se detecta negligencia.
- Refuerzo de los controles electrónicos en ingresos.
- Reordenamiento de pabellones de alta seguridad.
- Instalación de bloqueadores adicionales o mejoras tecnológicas.
La pregunta clave ahora es: ¿los operativos continuarán en otras regiones?
La respuesta del sector es clara: sí. El Ejecutivo ha solicitado un cronograma continuo de intervenciones en todo el país, priorizando penales con denuncias de llamadas extorsivas y comunicaciones clandestinas.
El operativo liderado por la viceministra Shadia Valdez Tejada refleja la decisión del Gobierno de reforzar los mecanismos de control penitenciario y detener el flujo de comunicaciones ilegales desde los penales. Con la presencia fiscal, la incautación de equipos y la supervisión de delegados internos, la intervención se ejecutó bajo parámetros de legalidad y transparencia.
El MINJUSDH reafirma que estos operativos continuarán para proteger la seguridad ciudadana y frenar la capacidad operativa de organizaciones criminales.