El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, descartó de manera categórica cualquier posibilidad de que el Estado peruano ejecute una irrupción en la Embajada de México en Lima, donde permanece asilada la ex primera ministra Betssy Chávez. La tensión diplomática entre ambos países volvió a escalar luego de que el jefe del Gabinete calificara esta opción como una “hipótesis negada”, en línea con lo que el Gobierno considera un conflicto creciente por supuesta injerencia extranjera.
En declaraciones a Canal N, Álvarez sostuvo que el Perú es respetuoso del derecho internacional, especialmente en lo relativo a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. En medio de la controversia por la negativa del Ejecutivo a otorgar un salvoconducto a Chávez, el premier insistió en que “Perú no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino ni país hermano”.
La afirmación busca desactivar hipótesis difundidas en el debate político, pero abre una pregunta clave para el escenario actual: ¿cómo pretende el Gobierno manejar la situación de una exfuncionaria procesada, asilada en una embajada con la que el país mantiene relaciones rotas?
Un conflicto que sube de tono: denuncia internacional contra México
Aunque negó cualquier vía de fuerza, Álvarez anunció que el Ejecutivo iniciará una denuncia internacional contra México por lo que califica como un patrón de “injerencia” de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que hace dos semanas concedió asilo político a Betssy Chávez.
“Denunciaremos a México oportunamente en sedes internacionales, con las evidencias en la mano”, remarcó el premier, al considerar que la concesión de asilo constituye una interferencia en los casos judiciales que el Perú debe conducir sin presiones externas.
La situación toma fuerza en un contexto en el que el país busca reforzar su posición frente a organismos multilaterales. Álvarez adelantó que el Gobierno se someterá a una consulta previa en la OEA para evaluar una eventual modificación de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, norma que regula estas figuras en la región.
La consulta podría tardar semanas o incluso meses, dependiendo de la respuesta de los Estados miembros. Cabe preguntarse: ¿qué implicancias tendría modificar un tratado que ha regido por décadas la política de asilos en América Latina?
El rol de la OEA: el canciller sustentará el caso
En este proceso, el canciller Hugo de Zela tendrá un papel central. El premier adelantó que el ministro de Relaciones Exteriores expondrá ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un informe detallado sobre el caso Betssy Chávez.
El canciller explicará que la decisión de México “no es un hecho aislado”, sino parte de lo que describe como una práctica continua y sistemática de otorgar asilo a ciudadanos peruanos con investigaciones graves abiertas, una posición que Lima considera injustificada y lesiva para la institucionalidad del país.
Según Álvarez, esta exposición será clave para sostener que la medida mexicana vulnera principios de no intervención, una de las bases del sistema interamericano. Además, el Gobierno buscará respaldo político de otros países para evitar que el precedente del caso Chávez se repita.
La pregunta que surge es inmediata: ¿tendrá el Perú suficiente respaldo regional para impulsar un cambio en la interpretación del asilo diplomático?
Situación de Betssy Chávez: sin salvoconducto y sin salida
Betssy Chávez, procesada por rebelión en el marco del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, se encuentra en la residencia del embajador mexicano desde hace dos semanas. El premier Álvarez reiteró que la ex primera ministra no podrá abandonar el territorio peruano sin un salvoconducto, documento que el Gobierno se niega a otorgar mientras esté vigente el proceso en su contra.
Chávez permaneció con prisión preventiva entre junio de 2023 y septiembre de 2025, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su liberación al considerar arbitraria su detención por errores en la sustentación fiscal. Su asilo ha reactivado fricciones diplomáticas entre Perú y México, cuyos vínculos están rotos desde hace meses.
La ausencia de relaciones plenas se remonta a 2023, cuando el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y luego Claudia Sheinbaum se negaron a reconocer la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte. Desde entonces, ambos países operan sin embajadores.
Un escenario incierto en medio de tensiones bilaterales
El Gobierno peruano enfrenta así un panorama complejo: por un lado, debe garantizar el respeto al derecho internacional, incluida la inmunidad de las sedes diplomáticas; por otro, busca dar una respuesta firme al uso del asilo como herramienta política.
El premier Álvarez recalcó que el Perú no quebrantará la normativa internacional ni alterará la tradición diplomática del país. Sin embargo, el tono firme de sus declaraciones refleja la profundidad del conflicto bilateral.
A medida que avancen las gestiones ante la OEA, será clave observar si otras naciones respaldan la postura peruana o si, por el contrario, consideran que la figura del asilo está siendo utilizada adecuadamente en el marco de la protección internacional.
La pregunta final es inevitable: ¿logrará el Gobierno equilibrar sus obligaciones diplomáticas con su interés en evitar que una procesada por delitos graves salga del país bajo la protección de una embajada extranjera?