Una decisión legislativa que reconfigura el enfoque estatal
El Congreso de la República aprobó una polémica norma que modifica los marcos conceptuales utilizados en políticas públicas, retirando toda referencia al enfoque de género para reemplazarla por el término “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. La medida, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui Martínez (Renovación Popular), obtuvo 79 votos a favor, marcando un nuevo capítulo en las disputas legislativas sobre derechos, educación y políticas de equidad en el país.
Esta decisión aplica a todas las entidades del Estado, desde los poderes públicos hasta los gobiernos regionales y locales, e impacta en programas, proyectos y acciones que actualmente integran el enfoque de género como herramienta metodológica. El debate se centró en si el cambio responde a una actualización conceptual o a una intención política orientada a restringir marcos existentes que buscaban abordar desigualdades estructurales.
¿Qué cambia con la nueva ley aprobada por el Congreso?
El proyecto legislativo no solo elimina formalmente la expresión “igualdad de género”, sino que redefine múltiples conceptos clave. De acuerdo con la norma aprobada, las referencias en leyes vigentes a “Enfoque de Género”, “Igualdad de Género” o “Equidad de Género” deberán interpretarse como “Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”.
Otro cambio sustantivo recae en el ámbito educativo: la Educación Sexual Integral (ESI) será reemplazada por una “Educación Sexual con base Científica, Biológica y Ética”, una formulación que ha sido cuestionada por especialistas debido a la vaguedad del término y la ausencia de estándares pedagógicos explícitos.
Asimismo, se dispone que jueces y fiscales reciban capacitaciones bajo el nuevo enfoque, excluyendo a personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales que mantengan litigios contra el Estado. Este punto ha sido interpretado por algunas organizaciones como una restricción arbitraria a la participación de expertos y especialistas de larga trayectoria.
Reacciones: ¿Por qué las organizaciones consideran que es un retroceso?
A pocas horas de la aprobación, diversas organizaciones de derechos humanos —entre ellas Flora Tristán, Manuela Ramos, Demus, Promsex, Amnistía Internacional y la CNDDHH— emitieron un comunicado denunciando que la norma “carece de sustento técnico” y representa un retroceso en materia de derechos.
Desde estas instituciones se advierte que el retiro del enfoque de género podría limitar herramientas para abordar la violencia contra las mujeres, la discriminación y las brechas persistentes. Además, sostienen que la modificación normativa expone a niños, niñas y adolescentes a mayores riesgos al debilitar marcos de prevención basados en evidencia.
Una de las preocupaciones centrales es que se trata de una medida con carga ideológica, que podría dejar sin protección a personas LGTBIQ+, cuya situación de vulnerabilidad demanda políticas específicas. En ese sentido, las organizaciones pidieron a la Presidencia de la República observar la norma y considerar el análisis técnico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Implicancias legales y políticas: ¿qué impacto tendrá el reemplazo del enfoque de género?
La aprobación abre un debate sobre sus implicancias en políticas públicas. A nivel nacional, el enfoque de género ha sido empleado como instrumento transversal en áreas como justicia, educación, salud y programas sociales. La pregunta clave ahora es: ¿cómo se reestructurarán esas políticas sin el concepto que las ha guiado por más de una década?
Especialistas advierten que podría haber impactos en protocolos contra la violencia de género, programas de empoderamiento económico para mujeres, y procedimientos judiciales vinculados a feminicidios o violencia sexual. La eliminación del enfoque también podría modificar herramientas estadísticas y metodológicas empleadas para analizar desigualdades.
Para algunos sectores conservadores, sin embargo, el cambio constituye un “ordenamiento conceptual” que busca evitar lo que consideran una “sobrerrepresentación ideológica” en políticas públicas. Pero para la comunidad académica y múltiples colectivos, la aprobación puede marcar un retroceso significativo en la lucha por la igualdad.
El debate que se abre: ¿qué viene ahora?
Con la norma aprobada, la atención se centra en el Ejecutivo. De acuerdo con los procedimientos legislativos, la presidenta debe decidir si promulga la ley o la observa. Las organizaciones civiles han solicitado que se realice una evaluación técnica exhaustiva y que el Estado considere las implicancias internacionales, dado que el Perú tiene compromisos vigentes con tratados y convenciones sobre igualdad y no discriminación.
El tema ha vuelto a poner en el centro la pregunta: ¿cómo debe el Estado garantizar la igualdad entre mujeres y hombres sin desproteger a otras poblaciones vulnerables? El debate continuará en los próximos días y es probable que el Ejecutivo enfrente presión tanto de sectores conservadores como de colectivos de derechos humanos.