El Ministerio del Interior anunció una reunión de emergencia con los gremios de transportistas este martes, en respuesta a la escalada de ataques vinculados al crimen organizado en Lima Metropolitana y el Callao. La cita fue confirmada por el ministro Vicente Tiburcio, luego de que los representantes del sector advirtieran un paro de 48 horas si se registraba un nuevo atentado contra sus unidades o conductores.
La presión aumenta en medio de un clima de inseguridad que no cede, aun cuando rige un estado de emergencia desde el 21 de octubre. Los transportistas aseguran que las amenazas, extorsiones y atentados se mantienen, y que los operativos policiales, aunque frecuentes, no han frenado la actividad criminal.
Reunión en zona crítica: una decisión estratégica
Tiburcio explicó que el encuentro no se desarrollará “en oficinas”, sino directamente en las áreas donde los choferes están siendo amenazados por extorsionadores y sicarios. Esta decisión busca enviar un mensaje político claro: el Gobierno pretende enfrentar el problema en territorio, no desde espacios burocráticos.
La pregunta clave es: ¿permitirá esta reunión un cambio real en la estrategia contra las mafias que controlan rutas, paraderos y empresas formales e informales? Los gremios han sido enfáticos: la situación ha llegado al límite y requieren garantías inmediatas.
Durante sus declaraciones, el ministro aseguró que la Policía seguirá actuando “de manera frontal” contra las organizaciones criminales que operan en el sector transporte. “No podemos permitir que se dé ningún espacio a quienes cometen este tipo de hechos contra los transportistas y pasajeros”, afirmó.
Posible ampliación del estado de emergencia
Una de las decisiones pendientes en el Ejecutivo es la renovación o ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao. Tiburcio señaló que el Consejo de Ministros evaluará en las próximas horas si corresponde extender la medida, considerando que los ataques no han disminuido.
¿Es suficiente el estado de emergencia para contener el avance del crimen organizado?
La experiencia reciente demuestra que, si bien incrementa la presencia policial y militar, no necesariamente erradica las redes criminales que operan desde distintos puntos de la ciudad.
Los transportistas señalan que la extorsión ya se ha normalizado como un impuesto ilegal que deben pagar para circular. Algunos gremios reconocen que más del 90% de conductores ha sido víctima de amenazas o cobros ilegales. Los atentados —como disparos contra buses en movimiento— se han convertido en advertencias directas contra quienes se niegan a pagar.
Operativo en Las Malvinas: golpe al mercado ilegal de celulares
Mientras se afinaban los detalles de la reunión con los transportistas, el ministro supervisó un operativo policial en Mesa Redonda, zona de Las Malvinas, conocido punto de venta de celulares robados.
En la intervención participaron 70 agentes del Escuadrón Verde, quienes incautaron 512 celulares; de ellos, 45 tenían denuncia por robo. Además, se intervinieron 13 stands y se detuvo a cinco personas, todas con antecedentes por receptación.
Este tipo de acciones busca atacar otro frente crítico: el comercio ilegal que financia a bandas criminales que también participan en extorsiones, sicariato y tráfico de equipos robados.
Tiburcio destacó que “todos ellos tienen antecedentes por receptación; es decir, son personas que vienen cometiendo esta clase de delitos de forma reincidente”. La PNP sostiene que continuará intensificando estos operativos para frenar el mercado ilegal de equipos móviles, considerado una de las fuentes de financiamiento del crimen organizado en la capital.
El ataque que detonó la alarma
El domingo, un bus de la empresa San Germán fue atacado a balazos en la avenida Próceres, a la altura del cruce con San Germán, en San Martín de Porres. La unidad recibió 12 impactos de bala mientras transportaba pasajeros.
El atentado reavivó el temor en la población y confirmó que las bandas extorsivas actúan con total brutalidad incluso en zonas con alta presencia policial. Para los vecinos y transportistas, el mensaje fue claro: las mafias siguen operando sin freno.
Este ataque terminó por acelerar la convocatoria de los gremios a una medida radical —el paro de 48 horas— en caso de que el Gobierno no tomara acciones inmediatas.
Expectativas y tensiones antes de la reunión
Mientras se espera por la cita de este martes, surgen dudas clave:
- ¿Habrá un nuevo plan de seguridad sectorial?
- ¿Se reforzará la presencia policial y militar en las zonas más afectadas?
- ¿Qué medidas se adoptarán para evitar que los transportistas sigan pagando cupos?
Los gremios exigen una respuesta concreta y sostenible, no solo operativos de corta duración. El Gobierno, por su parte, insistirá en que la coordinación con los choferes es fundamental para identificar a los grupos criminales que operan dentro y fuera de las rutas.
Lo cierto es que la seguridad en el transporte ya es un tema de urgencia nacional. Los últimos ataques evidencian que el crimen organizado ha avanzado sobre corredores, paraderos, empresas formalizadas y choferes independientes, convirtiendo la extorsión en un negocio millonario.