El debate sobre la eventual reposición de la fiscal suprema Delia Espinoza abrió una nueva tensión institucional entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, luego de que trascendiera una medida cautelar que ordenaría su retorno. En medio de versiones cruzadas, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, salió a aclarar la posición de la Fiscalía: hasta ahora no existe ninguna notificación oficial, y sin ese documento, no se puede adoptar decisión alguna.
“No ha llegado nada”, afirmó Gálvez al ser consultado por los medios. Las declaraciones fueron formuladas esta mañana en un contexto de creciente atención pública sobre los procesos internos del Ministerio Público y su relación con resoluciones judiciales vinculadas al funcionamiento de la JNJ.
¿Qué sabe realmente la Fiscalía sobre el caso?
Según explicó el fiscal interino, el Ministerio Público no tiene conocimiento del contenido, alcances ni efectos de una eventual resolución emitida por la JNJ. “Desconozco qué ha dicho la Junta”, reiteró ante la prensa, insistiendo en que no le corresponde especular sobre decisiones cuya existencia oficial aún no ha sido confirmada.
La situación ha generado dudas respecto a cómo debe actuar la Fiscalía frente a medidas cautelares o resoluciones emitidas en procesos administrativos externos. La pregunta clave es: ¿está obligado el Ministerio Público a responder o actuar sin haber sido notificado formalmente?
Para Gálvez, la respuesta es un rotundo no.
Fiscalía no es parte del procedimiento ante la JNJ
Uno de los puntos centrales de su declaración fue precisar que el Ministerio Público no integra el proceso que se ventila ante la Junta Nacional de Justicia. “No somos parte en ese procedimiento”, enfatizó. Por ello, la institución no tiene la obligación de presentar recursos, plantear apelaciones ni pedir aclaraciones.
“Nosotros no tenemos nada que apelar. No somos parte en ese procedimiento”, subrayó el fiscal interino.
Este deslinde es relevante porque algunas interpretaciones sugerían que la Fiscalía debía pronunciarse o ejecutar acciones inmediatas frente a la medida cautelar a favor de Espinoza. Sin embargo, Gálvez remarcó que solo actuará cuando exista un documento formal remitido por los canales oficiales.
Institucionalidad y cautela frente a resoluciones
Ante la insistencia de los periodistas, Gálvez optó por mantener una postura estrictamente institucional. Evitó opinar sobre el contenido de la medida cautelar o las eventuales implicancias de una reposición de Espinoza en la alta jerarquía del Ministerio Público.
“Tengo que actuar sobre la base de documentos formales”, indicó, recordando que cualquier movimiento en la estructura de la Fiscalía debe sustentarse en resoluciones notificadas conforme a ley.
La falta de comunicación oficial impide —por ahora— tomar alguna decisión administrativa sobre la posición de Delia Espinoza, cuyo caso ha generado interés no solo por su impacto interno, sino también por la controversia entre el Poder Judicial, la Fiscalía y la JNJ.
¿Qué ocurrirá cuando llegue la notificación?
Pese a la falta de información formal, Gálvez afirmó que cualquier resolución judicial relacionada con este proceso deberá ser cumplida. “Se tiene que respetar al Poder Judicial”, enfatizó, sin entrar en detalles sobre los pasos operativos que se seguirían una vez que la notificación sea recibida.
La pregunta clave ahora es: si la notificación confirma la medida cautelar, ¿qué impacto tendrá en la estructura del Ministerio Público?
Aunque Gálvez no adelantó posiciones, el retorno de Espinoza —si es formalizado— implicaría una reorganización en la alta jerarquía fiscal y reabriría el debate sobre la independencia del Ministerio Público frente a decisiones de órganos autónomos como la JNJ.
Un caso que vuelve a tensar las relaciones institucionales
El episodio refleja nuevamente el nivel de fricción entre las instituciones encargadas de la carrera fiscal y las decisiones jurisdiccionales emitidas en paralelo. Todo esto ocurre en un contexto en el que el Ministerio Público enfrenta cuestionamientos internos y externos, así como un escrutinio público constante sobre su conducción.
La postura adoptada por Gálvez —de esperar notificación formal y abstenerse de cualquier especulación— busca mantener una línea institucional clara en un momento en que cada movimiento puede tener repercusiones políticas y jurídicas.
Por ahora, la situación de Delia Espinoza permanece en suspenso, mientras el Ministerio Público aguarda la documentación oficial que permita proceder conforme a ley. Lo único claro, según Gálvez, es que sin notificación no habrá ninguna acción.