El congresista Edgard Raymundo Mercado, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone sancionar penalmente a los gerentes, directores o administradores de empresas de telefonía por su participación —directa o indirecta— en la venta ambulatoria de chips.
La iniciativa, registrada el martes 11 de noviembre con el número 13162/2025-CR, plantea modificar el artículo 272-B del Código Penal, incorporando penas de hasta cuatro años de cárcel y multas económicas para los ejecutivos de las operadoras que incumplan la norma.
Venta ambulatoria de chips: el origen de un delito masivo
La propuesta surge en medio de una crisis de inseguridad ciudadana marcada por el auge de las extorsiones telefónicas y estafas virtuales. En el Perú, la venta callejera de chips telefónicos se ha convertido en una práctica habitual en mercados, paraderos y terminales terrestres, donde trabajadores informales ofrecen líneas móviles sin verificación de identidad.
Según el legislador Raymundo, este tipo de ventas facilita que organizaciones criminales adquieran líneas sin control y las utilicen para amenazar, extorsionar o coordinar actividades ilícitas desde cárceles o fuera de ellas.
“La venta ambulatoria de chips, muchas veces realizada sin ningún tipo de supervisión, ha contribuido directamente al aumento de las extorsiones. Es hora de que las empresas asuman su responsabilidad”, sostiene el congresista en su exposición de motivos.
¿Qué sanciones propone la nueva ley?
El proyecto establece que los directores, administradores o gerentes de las empresas de telecomunicaciones que permitan, autoricen o no controlen adecuadamente la venta de chips en la vía pública podrían recibir una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, además de una multa de entre 365 y 730 días-multa.
El texto plantea que la sanción recaerá sobre aquellos funcionarios que actúen con dolo o culpa, es decir, que tengan conocimiento o negligencia comprobada respecto a las prácticas de venta irregular.
La iniciativa busca modificar el actual artículo 272-B del Código Penal, que ya sanciona la comercialización ilegal de servicios públicos móviles, pero solo en el caso de los vendedores o intermediarios directos. Para el congresista, esto deja “en impunidad a los responsables de mayor jerarquía, que priorizan la rentabilidad sobre la seguridad pública”.
Extorsiones telefónicas: un crimen en expansión
La extorsión por llamadas y mensajes es hoy uno de los delitos más comunes y de más rápido crecimiento en el país. De acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), entre 2023 y 2025 se bloquearon más de 1.8 millones de líneas telefónicas vinculadas a casos de extorsión, estafa y amenazas.
Los datos revelan que la mayoría de estas líneas fueron obtenidas mediante ventas informales o registros falsificados, aprovechando la falta de control y la presión comercial de las operadoras por captar clientes.
El presidente de OSIPTEL, Rafael Muente, ha reiterado en diversas oportunidades que las empresas “no han tenido una actitud responsable para frenar la venta irregular de chips”, pese a las reiteradas advertencias del regulador.
“Hay una permisividad estructural. La prioridad ha sido la competencia comercial, no la seguridad del usuario”, subrayó Muente en una reciente entrevista.
¿Por qué responsabilizar a los directivos y no solo a los vendedores?
En su exposición de motivos, el congresista Raymundo enfatiza que las normas vigentes castigan solo al vendedor ambulante, mientras que las compañías no enfrentan consecuencias efectivas.
“El trabajador informal es sancionado, pero el gerente que impulsa estas estrategias comerciales queda impune. Por eso se requiere una responsabilidad penal empresarial”, señala el documento legislativo.
El parlamentario subraya que el mercado de telefonía móvil peruano opera bajo un modelo desregulado y permisivo, donde las empresas promueven ventas masivas sin verificar adecuadamente la identidad de los usuarios. Esto, según el legislador, ha dejado a los ciudadanos indefensos ante el crimen organizado.
El vacío legal que aprovechan las operadoras
Aunque existen normas de OSIPTEL que prohíben la venta de chips fuera de establecimientos autorizados, no hay sanciones penales directas para los altos mandos de las empresas que permiten o fomentan esta práctica.
Actualmente, las multas administrativas se imponen a nivel corporativo, pero sin responsabilidad personal para los ejecutivos. El nuevo proyecto busca cerrar ese vacío legal y tipificar el delito de “comercialización irregular de servicios públicos móviles” como una falta punible también para los responsables jerárquicos.
El texto indica que el gerente o administrador que permita la venta callejera de chips, o que no adopte medidas efectivas de control, será considerado partícipe del delito. De esta forma, se busca romper la cadena de impunidad y fortalecer la supervisión empresarial.
¿Cómo impactará esta norma en las empresas de telecomunicaciones?
De aprobarse, el proyecto podría marcar un precedente en materia de responsabilidad penal corporativa.
Las empresas de telefonía —como Claro, Movistar, Entel y Bitel— tendrían que replantear sus canales de venta, eliminar la comercialización callejera y reforzar los mecanismos de registro de identidad de sus clientes.
Además, el control interno de las compañías debería incluir protocolos de verificación biométrica, capacitación del personal y supervisión directa de agentes autorizados, para evitar sanciones penales o administrativas.
Un debate que enfrentará a Congreso y sector privado
Fuentes del Congreso adelantaron que el proyecto será evaluado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, se prevé que la propuesta genere resistencia del sector empresarial, que podría alegar una “criminalización excesiva de la gestión corporativa”.
Algunos expertos en derecho penal sostienen que la medida es necesaria pero compleja. “El dolo empresarial es difícil de probar, pero la amenaza de cárcel puede servir como disuasión para frenar la irresponsabilidad comercial”, señala el abogado penalista Jorge Escudero.
Por su parte, organizaciones ciudadanas que luchan contra la extorsión telefónica saludaron la iniciativa. “Ya no basta con multas. Si hay cárcel para el delincuente que usa el chip, debe haber sanción para la empresa que lo facilita”, expresó la presidenta de la asociación Víctimas del Fraude Digital, María Eugenia Salazar.
Un paso en la lucha contra la criminalidad digital
La propuesta del congresista Raymundo se enmarca en una serie de iniciativas legislativas orientadas a cerrar los vacíos legales que permiten el avance del crimen organizado.
El legislador afirmó que seguirá impulsando normas complementarias para fortalecer la trazabilidad de las líneas móviles, crear un registro nacional único de chips y promover la colaboración directa entre OSIPTEL, el Ministerio Público y la Policía Nacional en casos de extorsión.
“Este proyecto no busca castigar la actividad empresarial, sino garantizar que las telecomunicaciones no sigan siendo un instrumento del crimen”, concluye Raymundo.