Fiscalía y Policía Anticorrupción intervinieron el circo en Arequipa
El caso del circo La Tarumba en Arequipa generó un amplio despliegue policial y mediático luego de que la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Anticorrupción intervinieran las instalaciones del espectáculo, tras una denuncia que alertaba sobre el presunto uso indebido de personal del Ejército peruano para desmontar la carpa principal del recinto.
La intervención se realizó el 4 de noviembre de 2025 en la zona de Vallecito, Cercado de Arequipa, donde La Tarumba había concluido su temporada de funciones. Según las primeras diligencias, 25 soldados del Servicio Militar Voluntario habrían sido trasladados desde el Fuerte Mariano Bustamante, ubicado en el distrito de Mariano Melgar, para apoyar en labores de desmontaje, vistiendo incluso polos con el logotipo de la compañía circense.
Comunicado oficial del Ejército: se inició proceso disciplinario
Horas después del operativo, la Tercera División del Ejército del Perú difundió el Comunicado N.º 002-2025-I1-DE/EP, donde reconoció la presencia de personal militar en actividades ajenas a sus funciones y anunció la apertura de una investigación interna a cargo de la Inspectoría.
“El día 4 de noviembre de 2025, en el Cercado de Arequipa, se constató la presencia de personal de tropa del Servicio Militar Voluntario de la Tercera Brigada de Servicios del Fuerte Mariano Bustamante, quienes estarían participando en actividades ajenas a las funciones propias del servicio”, señala el documento oficial.
Asimismo, el comunicado precisa que la Inspectoría de la Tercera División ha iniciado las diligencias correspondientes en aplicación de la Ley N.º 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y su reglamentación aprobada por el Decreto Supremo N.º 008-2013-DE, con el objetivo de determinar las responsabilidades administrativas o disciplinarias que correspondan.
Ejército reafirma respeto a la ley y colaboración con la Fiscalía
En el mismo pronunciamiento, la institución castrense enfatizó su compromiso con la legalidad y el uso adecuado del personal militar, reafirmando su cumplimiento estricto de la Ley N.º 29248, Ley del Servicio Militar, que regula las funciones y derechos del personal de tropa.
“El Ejército del Perú reafirma su permanente respeto y cumplimiento irrestricto de la ley. Garantiza que el empleo del personal se realice conforme a las normas vigentes, asegurando siempre el respeto de sus derechos y la correcta aplicación del marco jurídico que regula su servicio a la Nación”, añade el comunicado.
El Ejército también confirmó que viene brindando todas las facilidades a las autoridades competentes, incluida la Fiscalía y la Policía Anticorrupción, para el esclarecimiento de los hechos.
Posición de La Tarumba y avance de las investigaciones
Por su parte, La Tarumba emitió un breve comunicado en redes sociales en el que señaló que cooperará con las investigaciones y negó haber solicitado formalmente el apoyo del personal militar. La compañía sostuvo que se trató del cierre técnico de su temporada en Arequipa y que aportará toda la información requerida por las autoridades.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios continúa con las diligencias en Arequipa, evaluando los testimonios de los soldados y de los representantes del circo, además de los informes del cuartel Mariano Bustamante. El objetivo es determinar si existió una orden directa o un convenio irregular entre la entidad militar y el espectáculo privado.
Uso de personal militar: una práctica prohibida
El caso ha despertado críticas de especialistas en derecho público y ética estatal, quienes recordaron que la normativa peruana prohíbe el empleo de recursos humanos o materiales de las Fuerzas Armadas en actividades privadas, salvo autorización expresa del Ministerio de Defensa o en el marco de convenios interinstitucionales transparentes.
Si se comprueba la existencia de instrucciones irregulares, el caso podría constituir peculado o abuso de autoridad, delitos sancionados con penas de hasta ocho años de prisión según el Código Penal peruano.
Contexto institucional y llamado a la transparencia
El incidente en Arequipa ocurre en un contexto de mayor fiscalización pública sobre el uso de personal de las Fuerzas Armadas en tareas no relacionadas con la defensa nacional. En los últimos meses, la Contraloría General de la República ha exhortado a las instituciones castrenses a fortalecer los mecanismos de control y transparencia.
El Ejército del Perú reiteró que se mantendrá “vigilante” frente a cualquier irregularidad y aseguró que aplicará las sanciones disciplinarias correspondientes si se comprueba que los efectivos fueron desplazados fuera del marco legal.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa continúa recabando pruebas documentales, fotografías y declaraciones para determinar el grado de responsabilidad de cada actor involucrado.