Adolescencia y responsabilidad penal
El Gobierno oficializó la incorporación de adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal mediante el Decreto Supremo N.º 023-2025-JUS, publicado el 4 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano. La norma implementa la Ley N.º 32330, aprobada por el Congreso en noviembre de 2024, y permite que jóvenes que cometan delitos graves sean juzgados en la justicia penal ordinaria.
Según la normativa, los adolescentes comprendidos entre 16 y menos de 18 años que cometan delitos como homicidio, violación, secuestro, terrorismo y tráfico ilícito de drogas, entre otros, estarán sujetos al sistema penal de adultos. La medida busca establecer un marco claro de responsabilidad penal para casos de alta gravedad, mientras se respeta la protección de derechos.
Derechos y régimen penitenciario
A pesar de su imputabilidad, los jóvenes mantienen sus derechos fundamentales. El reglamento establece el Principio del Interés Superior del Adolescente, que guía la interpretación de la ley y garantiza un régimen especializado dentro del sistema penitenciario.
Los menores podrán recibir visitas de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Cuerpo Diplomático, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de otras organizaciones no gubernamentales, asegurando un seguimiento que respete su condición de adolescentes.
Adaptación del INPE y procedimientos internos
El Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS modifica varios artículos del Reglamento del Código de Ejecución Penal, obligando al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a actualizar sus protocolos internos en un plazo máximo de 60 días. Esto incluye la adecuación de los procedimientos de seguridad, supervisión y rehabilitación de adolescentes imputables, garantizando que la norma se cumpla sin vulnerar los derechos de los menores.
Balance y debate
La incorporación de adolescentes al sistema penal genera debates sobre justicia y protección de derechos. Expertos señalan que, aunque la medida permite sancionar delitos graves cometidos por jóvenes, es fundamental garantizar programas de reinserción y acompañamiento educativo para evitar la criminalización de la adolescencia.