La extorsión se ha convertido en uno de los crímenes más extendidos y violentos del Perú. Según una investigación de la Unidad de Investigación de Punto Final, entre enero de 2024 y julio de 2025, solo veinte casos obtuvieron sentencia en todo el país, pese a que se registraron más de 85 mil denuncias desde 2020. En otras palabras, más del 98 % de los casos termina archivado o sin resolver, perpetuando un ciclo de impunidad que alimenta el crecimiento del crimen organizado.
La magnitud del problema se refleja no solo en los datos, sino en la realidad cotidiana. Lima, Callao y La Libertad concentran los ataques, secuestros y amenazas a comerciantes, transportistas y vecinos. En octubre, por ejemplo, un bus de transporte público fue baleado en Chorrillos, en pleno estado de emergencia. El conductor sobrevivió de milagro. Fue el tercer atentado en menos de un mes.
Una justicia paralizada
El sistema judicial no logra procesar la avalancha de denuncias. De acuerdo con las cifras obtenidas, solo 1,470 casos llegaron al Poder Judicial entre 2020 y 2025. En el Callao, ninguna denuncia reciente por extorsión ha alcanzado una sentencia. “De 85 mil denuncias, apenas 20 terminaron con condena. Eso refleja la falta de capacidad técnica e investigativa del sistema”, explicó el especialista en seguridad Julio Corcuera.
La situación es crítica en las Fiscalías de Crimen Organizado, donde los fiscales enfrentan una sobrecarga de evidencia digital pendiente de análisis. “Solo tenemos procesada la información de 294 celulares, cuando nos faltan más de 1,100 por revisar. No contamos con la tecnología necesaria”, advirtió el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.
Tecnología obsoleta, crimen moderno
El retraso en las investigaciones tiene una causa directa: la falta de herramientas tecnológicas. La mayoría de los casos depende del análisis de teléfonos incautados, pero el país dispone de menos de cinco equipos Cellebrite —dispositivos especializados para extraer datos de celulares, incluso borrados— en todo el territorio nacional.
Esta limitación provoca que los peritos demoren meses o incluso un año en revisar un solo teléfono. Durante ese tiempo, las carpetas fiscales se paralizan y las bandas criminales siguen operando sin obstáculos. Las demoras afectan investigaciones por cobro de cupos, secuestros, extorsión a transportistas y chantajes a comerciantes, delitos que hoy dominan las calles del norte, el oriente y la capital.
Impunidad estructural
Según la Policía Nacional del Perú (PNP), existen actualmente 1,389 personas recluidas por delitos de extorsión, aunque la mayoría corresponde a procesos antiguos o sin condena firme. La impunidad es tan extendida que las víctimas prefieren no denunciar por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades.
En regiones como La Libertad, Piura y Lambayeque, los cobros de “cuota de seguridad” a transportistas y pequeños empresarios se han normalizado. Las bandas envían mensajes o videos amenazantes desde penales, donde continúan coordinando sus operaciones gracias a la corrupción y la falta de control.
La crisis evidencia un colapso institucional que exige reformas urgentes: inversión en tecnología forense, fortalecimiento de fiscalías especializadas y protección efectiva para las víctimas y testigos. Sin estos cambios, el país seguirá atrapado en un círculo de violencia, miedo y desconfianza.
Un Estado a la defensiva
El Gobierno ha declarado estado de emergencia en varias provincias del norte y Lima Metropolitana, pero las cifras demuestran que la represión sin investigación no basta. Los expertos coinciden en que la extorsión se ha transformado en el delito más lucrativo y de más rápido crecimiento, desplazando incluso al narcotráfico urbano.
El reto para las autoridades es monumental: recuperar la capacidad investigativa del Estado y garantizar que cada denuncia se traduzca en resultados judiciales. Sin sentencias ni sanciones efectivas, la extorsión seguirá siendo la moneda del miedo en el Perú.