Congreso adoptó medidas excepcionales frente al crimen organizado en el transporte
Con 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 12723, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en el sector transporte. La iniciativa —impulsada por José Jerí Oré, actual presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República— busca enfrentar el incremento sostenido de la violencia en el transporte público y de mercancías, considerados servicios esenciales para la economía nacional.
El texto aprobado consta de seis artículos y dos disposiciones complementarias finales, y fue elaborado por las comisiones de Defensa Nacional y Transportes y Comunicaciones, con el respaldo técnico de ministerios e instituciones como el Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, MEF, MTC, Justicia y gremios del transporte urbano y de carga pesada.
¿Qué medidas contempla la nueva ley?
La presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes Fonseca, explicó que la norma responde a la necesidad de una acción estatal coordinada y preventiva ante un fenómeno criminal que se ha expandido a nivel nacional. Entre las principales disposiciones se encuentra la creación de un registro nacional de empresas de transporte vulnerables, la intervención temporal de rutas y concesiones bajo riesgo delictivo y el intercambio de información entre la SUNAT, la SBS y la Policía Nacional para detectar operaciones de lavado de activos.
Además, la ley establece una supervisión especial de terminales terrestres a cargo del Ministerio del Interior, así como la coordinación entre fiscalías especializadas en crimen organizado para investigar y judicializar los casos vinculados.
Paredes sostuvo que las medidas no sustituyen el marco penal ordinario, sino que lo fortalecen con herramientas de inteligencia operativa y mecanismos interinstitucionales de control. “Esta ley constituye una respuesta constitucionalmente legítima y técnicamente necesaria para restaurar la confianza en el Estado y garantizar el orden interno”, enfatizó.
Un problema estructural que exige respuesta inmediata
Durante el debate, diversos congresistas coincidieron en que los delitos de extorsión y sicariato en el transporte se han convertido en una amenaza directa a la seguridad ciudadana y al derecho al trabajo. La Comisión de Transportes, presidida por Juan Carlos Mori Celis, recordó que el dictamen fue uno de los compromisos asumidos en las siete mesas de trabajo interinstitucionales realizadas entre el Congreso, el Ejecutivo y los gremios transportistas.
“El objetivo principal de esta norma es establecer un marco legal extraordinario que permita al Estado prevenir, enfrentar y reparar los efectos de la criminalidad organizada en el transporte, con énfasis en la prevención financiera y operativa”, señaló Mori Celis.
El legislador precisó que entre agosto de 2024 y octubre de 2025 se registraron 128 víctimas de atentados, con 65 fallecidos solo en Lima y Callao. “El cobro de cupos se ha transformado en un sistema criminal de control económico y territorial. Las normas actuales son insuficientes, y por eso esta ley busca una acción integral del Estado”, subrayó.
Coordinación entre el Estado y los gremios
El dictamen aprobado también dispone la creación de mecanismos de cooperación entre los ministerios competentes y las asociaciones de transportistas, con el fin de implementar protocolos de seguridad, trazabilidad de operaciones y denuncias protegidas para los empresarios y choferes afectados.
El Congreso destacó que estas medidas extraordinarias tienen carácter temporal, pero permitirán restablecer la seguridad y confianza en el transporte público y de carga, sectores duramente golpeados por la violencia.
“La seguridad ciudadana es un bien jurídico superior. Esta ley es una herramienta de defensa legítima frente a la amenaza criminal que atenta contra la vida y la economía de miles de peruanos”, concluyó la congresista Paredes.