El congresista Wilson Soto Palacios encendió las alertas sobre el manejo de los organismos reguladores más influyentes del país. En un oficio remitido al presidente de la República, José Jerí Oré, el parlamentario solicitó una evaluación urgente sobre la continuidad de los titulares de Ositran y Osinergmin, ante denuncias públicas y presuntas irregularidades en su gestión.
Según el legislador, ambos organismos estarían siendo dirigidos por personas “no idóneas para el cargo”, lo que afecta la confianza de los ciudadanos en el Estado peruano y pone en riesgo el correcto funcionamiento de sectores estratégicos como el transporte, la energía y la minería.
Organismos reguladores bajo la lupa
La carta de Soto Palacios, remitida esta semana desde el Congreso, advierte que las recientes decisiones adoptadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) han generado serias dudas sobre su transparencia y capacidad técnica.
En el caso de Ositran, el congresista señaló que la presidenta del Consejo Directivo estaría gestionando la entidad “de forma deficiente y en beneficio de intereses privados”. Como ejemplo, mencionó la aprobación de la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, aplicada al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la cual —según el parlamentario— perjudica directamente a los usuarios nacionales y extranjeros.
Esta tarifa, que forma parte de los compromisos del concesionario Lima Airport Partners (LAP), ha sido objeto de controversias en los últimos meses, luego de que el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) admitiera haber recibido reclamos de pasajeros y aerolíneas. Soto consideró que la decisión adoptada por Ositran favorece “intereses empresariales por encima del bienestar ciudadano”.
Cuestionamientos a la gestión de Osinergmin
El congresista también apuntó a Osinergmin, entidad encargada de supervisar el mercado de combustibles, electricidad y minería, cuyo presidente del Consejo Directivo ha sido cuestionado por un presunto uso indebido de recursos públicos.
Según denuncias difundidas por medios de comunicación, el titular del organismo habría utilizado instalaciones institucionales y recursos logísticos para celebrar su cumpleaños con trabajadores, consumiendo bebidas alcohólicas durante el horario laboral. Las imágenes, difundidas en redes sociales, generaron indignación entre usuarios y exfuncionarios del sector energético.
“Estos hechos no se pueden permitir en entidades tan importantes, pues deterioran la imagen institucional y la confianza ciudadana en el Estado”, advirtió Soto en su documento dirigido al Despacho Presidencial. El legislador pidió que se investigue a fondo lo ocurrido y que se determinen responsabilidades administrativas o éticas.
Llamado a la transparencia y fiscalización
Wilson Soto, representante por la región Huancavelica y miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, subrayó que su solicitud no busca interferir en la autonomía de los organismos reguladores, sino garantizar su correcta conducción.
“Mi deber como congresista es velar por la transparencia, la eficiencia y la buena administración de los recursos públicos. Cuando hay indicios de irregularidades o gestiones cuestionadas, corresponde actuar con firmeza”, expresó.
El parlamentario recordó que tanto Ositran como Osinergmin manejan presupuestos millonarios y cumplen un papel esencial en la supervisión de servicios públicos. “Por eso es necesario que quienes los dirigen sean profesionales probos, con trayectoria técnica y ética comprobada”, añadió.
Impacto político y repercusión pública
El pedido de Soto Palacios llega en un momento de alta sensibilidad política, tras los recientes cambios ministeriales dispuestos por el presidente José Jerí Oré. Analistas consideran que la solicitud podría abrir un debate sobre la idoneidad y permanencia de los funcionarios designados en el aparato regulador, un tema históricamente vinculado con los cuestionamientos sobre la independencia del Estado frente a las grandes empresas concesionarias.
En redes sociales, la iniciativa del parlamentario recibió respaldo de ciudadanos y especialistas en gestión pública, quienes exigieron mayor control sobre los organismos reguladores. Otros, sin embargo, advirtieron que la intervención política en estas instituciones podría debilitar su autonomía.
El congresista sostuvo que su pedido “no busca politizar la gestión técnica”, sino proteger la institucionalidad y la transparencia. Reiteró además su disposición a remitir los antecedentes documentales de los casos señalados al Congreso de la República, la Contraloría General y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La responsabilidad del Ejecutivo
El oficio enviado a Palacio de Gobierno plantea que el Ejecutivo evalúe de manera inmediata la permanencia de ambos presidentes de Consejo Directivo, considerando las denuncias y cuestionamientos recientes. De hallarse fundamentos, Soto solicitó que se proceda con las acciones administrativas necesarias para salvaguardar la integridad de los organismos supervisores.
“El país no puede tolerar gestiones deficientes o comportamientos impropios en entidades que manejan recursos públicos y supervisan sectores tan importantes para la economía nacional”, subrayó el legislador.
Fuentes cercanas al entorno gubernamental indicaron que el presidente José Jerí Oré habría recibido el documento y lo derivó a la Presidencia del Consejo de Ministros para su evaluación. Hasta el momento, ni Ositran ni Osinergmin han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.
En defensa del interés público
El congresista cerró su pronunciamiento recordando que el control político y la fiscalización son herramientas constitucionales para preservar la eficiencia del Estado. “No se trata de perseguir a nadie, sino de garantizar que el servicio público se administre con decencia y compromiso”, manifestó.
Soto Palacios, quien ha sido autor de diversas iniciativas sobre ética en la función pública, insistió en que los organismos reguladores deben ser “modelos de integridad y eficiencia, no espacios de complacencia o de prácticas que dañan la imagen del país”.