“No está sola”: Fiscal recibe apoyo institucional tras amenazas de red criminal en SJL

El Ministerio Público expresó su total respaldo a la fiscal Margarita Haro Pinto, quien enfrenta amenazas por liderar una investigación contra la banda criminal 'Los Chukys de Juan Pablo II'. La Fiscalía y la Policía Nacional reforzaron su compromiso conjunto en la lucha contra la criminalidad organizada.

por Edgar Mandujano

Amenazas contra la fiscal que investiga red de extorsión

El Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, ofreció este lunes su respaldo institucional completo a la fiscal provincial Margarita Haro Pinto, quien fue víctima de amenazas y extorsiones tras investigar a una presunta red criminal en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

La fiscal Haro pertenece al Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de SJL – Zona Media, y se encuentra a cargo del proceso penal contra los integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Chukys de Juan Pablo II’.


El precio de investigar el crimen organizado

Durante una conferencia de prensa, Gálvez Villegas denunció públicamente los mensajes intimidatorios enviados a la fiscal, en los que se exige que abandone el caso, bajo amenaza directa contra su integridad personal.

Fiscal Haro, usted no está sola. Tiene el respaldo del Ministerio Público y de toda la institución. Felicitamos su valentía y que los criminales sepan que ningún fiscal está solo en esta lucha”, expresó con firmeza el titular del Ministerio Público.


Prisión preventiva contra presunta banda criminal

El caso que lidera la fiscal Haro Pinto logró un avance importante en abril de este año, cuando se dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete investigados por diversos delitos graves, entre ellos:

  • Extorsión agravada
  • Tenencia ilegal de armas de fuego
  • Tenencia de explosivos
  • Pertenencia a banda criminal

Este proceso ha sido clave para desmontar parte de la estructura delictiva que opera en una de las zonas más golpeadas por el crimen en Lima Metropolitana.


Seguridad permanente para la fiscal y su familia

Ante la gravedad de las amenazas, se ha dispuesto que la fiscal cuente desde ahora con resguardo policial permanente, tanto para su protección como la de su familia.

La medida fue anunciada por el propio Fiscal de la Nación (i), quien recalcó que la lucha contra el crimen organizado no se detendrá por amenazas ni presiones externas.


Apoyo institucional y coordinación interinstitucional

Durante la conferencia también participó la fiscal superior Marjorie Silva Velasco, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima. Silva respaldó el accionar de Haro y enfatizó la urgencia de asignar más recursos al Ministerio Público, especialmente para combatir las mafias que operan con violencia y corrupción.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola Delgado, se sumaron al respaldo institucional, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre la PNP y la Fiscalía.


SJL: un distrito golpeado por el crimen

San Juan de Lurigancho se ha convertido en uno de los epicentros de la criminalidad organizada en Lima, con un incremento alarmante de casos de extorsión, cobro de cupos, sicariato y tráfico de armas. Las bandas operan principalmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional, donde la presencia del Estado es débil.

En este contexto, las investigaciones del Ministerio Público y el accionar de fiscales como Haro Pinto son fundamentales para desarticular estas redes delictivas, muchas de las cuales se extienden a otras regiones del país.


Una señal para los fiscales y para el crimen

El respaldo público ofrecido por las autoridades busca enviar un mensaje claro: el Estado no cederá ante las amenazas del crimen organizado, y los fiscales contarán con el apoyo necesario para continuar su labor.

Asimismo, se espera que este caso sirva de ejemplo para proteger a otros fiscales y operadores de justicia en situaciones similares, y se fortalezcan los mecanismos de seguridad y prevención de riesgos dentro del sistema judicial.

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