Ocho muertes que pudieron evitarse
El distrito de San Isidro vive una ola de indignación y tristeza tras conocerse la muerte de ocho perros, supuestamente envenenados en el parque Corpac, ubicado en una zona residencial de alto tránsito vecinal. Las mascotas colapsaron minutos después de caminar por el área verde tratada con un pesticida altamente tóxico.
Las cámaras de seguridad de la zona, analizadas por más de 48 horas, captaron a un individuo —presuntamente un jardinero municipal— esparciendo una sustancia líquida en el césped. Pocos minutos después, los animales comenzaron a mostrar signos de intoxicación: convulsiones, vómitos y espuma en el hocico.
El químico involucrado: metomil
Los análisis preliminares realizados por personal de salud ambiental identificaron el uso de metomil, un pesticida altamente tóxico prohibido para uso urbano y jardinería debido a su efecto letal en personas y animales.
El metomil pertenece al grupo de los carbamatos, y su uso está regulado estrictamente por organismos sanitarios. En contacto con mamíferos, incluso en pequeñas dosis, puede provocar fallo respiratorio, convulsiones y muerte en cuestión de minutos.
Fuentes internas del municipio señalaron que el producto no figura en el inventario autorizado de mantenimiento de áreas verdes. Aún se investiga cómo llegó a manos del jardinero y si hubo una cadena de negligencia administrativa.
La indignación de los vecinos
Vecinos del parque Corpac narraron con impotencia cómo sus mascotas se desplomaban tras caminar por el césped. Algunos intentaron llevar a los animales a clínicas veterinarias, pero el efecto fue fulminante en varios casos.
“Mi perrita murió en mis brazos. En menos de cinco minutos ya no respiraba”, contó entre lágrimas una residente. Otros grabaron videos donde se aprecia la desesperación de las personas al ver a sus animales sufrir convulsiones sin explicación aparente.
El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando un movimiento de indignación tanto en San Isidro como en otros distritos. Los animalistas exigieron explicaciones inmediatas a la alcaldesa.
Alcaldesa se defiende de los señalamientos
Ante la presión mediática y vecinal, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, brindó declaraciones públicas en las que aseguró que la municipalidad “no ha tenido ninguna responsabilidad” directa en el incidente.
“No hemos autorizado el uso de metomil ni tenemos registro de compra o aplicación de ese químico en nuestras áreas verdes. Se ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades”, señaló Vizurraga.
Pese a sus declaraciones, varios colectivos animalistas acusaron a la municipalidad de negligencia. En redes sociales circularon amenazas e incluso se convocaron plantones frente al municipio exigiendo sanciones ejemplares.
Investigación en marcha y acciones legales
La Municipalidad de San Isidro, en coordinación con el Ministerio Público, ha iniciado allanamientos e inspecciones para identificar responsabilidades administrativas o penales. También se busca verificar si la empresa de mantenimiento contratada tercerizó funciones sin control adecuado.
Por su parte, la Policía Nacional y personal de fiscalización vienen interrogando a trabajadores de parques y jardines. El presunto jardinero implicado aún no ha sido plenamente identificado, pero ya existe una orden para su ubicación.
Las asociaciones de protección animal anunciaron que presentarán denuncias penales por maltrato animal agravado, delito tipificado en el Código Penal peruano.
¿Un crimen ambiental?
Este hecho ha abierto también un debate más amplio sobre la regulación del uso de químicos tóxicos en espacios públicos. Especialistas en salud pública han advertido que la aplicación de pesticidas no autorizados representa un riesgo no solo para animales, sino también para niños y adultos mayores que frecuentan parques.
“Se trata de una cadena de irresponsabilidad. Alguien compró el metomil, alguien lo aplicó, y nadie supervisó. Ese es el problema”, advirtió un exinspector municipal.
Un dolor que exige justicia
La muerte de estos ocho perritos ha generado un impacto profundo en la comunidad y pone nuevamente en evidencia la necesidad de mayores controles en la gestión pública local, así como un enfoque más estricto en el respeto a la vida animal.
Mientras tanto, los vecinos organizan una vigilia en memoria de las mascotas fallecidas, y los colectivos animalistas anuncian movilizaciones hasta que se establezcan sanciones claras y medidas preventivas para evitar futuras tragedias.