Durante la audiencia de juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo Terrones reapareció públicamente para lanzar duras críticas contra el nuevo mandatario José Jerí Oré y el Congreso de la República, a los que acusó de sostener un régimen “ilegítimo y servil a intereses políticos”. Su intervención, realizada desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva, volvió a encender el debate sobre la crisis política que atraviesa el país desde hace tres años.
Castillo, quien afronta cargos por rebelión y conspiración, aseguró que su destitución fue producto de un “golpe parlamentario”, y que la reciente vacancia de Dina Boluarte confirma —según dijo— que el Congreso actúa como “una maquinaria de poder que cambia de rostro, pero no de conducta”. “A mí se me acusa de cerrar el Congreso que nadie quiere. Hoy cambian de marioneta, cambian de maniquí. En el debate para censurar a una persona que quitó muchas vidas desde Palacio, el mismo Congreso ha demostrado que para vacar a Castillo nunca se tuvo la votación calificada”, declaró el exmandatario en tono desafiante.
Castillo cuestiona la legitimidad del nuevo gobierno
En su alegato, Pedro Castillo arremetió directamente contra José Jerí, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Boluarte el pasado 8 de octubre. Lo acusó de representar “la continuidad del mismo sistema corrupto” y afirmó que el Parlamento ha reemplazado una figura por otra “para seguir manipulando el poder”. Su discurso, cargado de mensajes políticos, también incluyó críticas al sistema judicial que lo mantiene en prisión preventiva desde diciembre de 2022.
“Voy a estar tres años injustamente preso. Rechazo este juicio, como siempre. Este proceso no busca justicia, sino silenciar a quien representó al pueblo olvidado del Perú”, sostuvo Castillo, visiblemente molesto.
El exmandatario reiteró que la crisis política actual es consecuencia del “fujicerronismo y la DBA”, a quienes responsabilizó de haber colocado a Dina Boluarte en el poder y, ahora, de buscar “borrar sus huellas del escenario de la dictadura”. En la audiencia anterior, ya había advertido que los “golpistas que lo derrocaron” están siendo alcanzados por la misma descomposición política que generaron.
Congreso insiste en anular su pensión vitalicia
Mientras tanto, el Congreso de la República continúa su ofensiva legal contra el exmandatario. Esta semana, el Parlamento anunció que apelará la decisión judicial que ordena otorgarle a Castillo una pensión vitalicia equivalente al salario de un congresista en funciones (S/15,600).
El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio falló a favor del expresidente, argumentando que las resoluciones parlamentarias que negaron dicho beneficio en 2022 carecían de sustento jurídico. Sin embargo, el Congreso, a través de su Procuraduría, sostiene que la ley impide otorgar ese derecho a mandatarios acusados constitucionalmente, salvo que sean declarados inocentes por la justicia.
El recurso de apelación será presentado en los próximos días, en medio de la creciente tensión política por la conformación del nuevo gabinete y la incertidumbre sobre la continuidad del proceso judicial contra Castillo.
Un juicio que marca la división del país
La audiencia de este lunes volvió a evidenciar el clima polarizado en torno al expresidente. Mientras un sector de simpatizantes mantiene vigilias exigiendo su liberación, otros grupos ciudadanos reclaman que se le imponga la pena máxima por intentar quebrar el orden constitucional.
Organismos internacionales, como el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum, han reiterado su pedido de que el exmandatario “reciba un juicio justo y sin persecución política”.
El caso de Pedro Castillo Terrones sigue siendo un punto sensible en la agenda política peruana. Su discurso contra José Jerí refleja que, pese a su encierro, continúa influyendo en el debate público y busca mantener viva la narrativa de un gobierno derrocado por el Congreso.
Mientras tanto, la justicia avanza a paso lento. El proceso por rebelión y conspiración continúa, y la defensa del exmandatario ha anunciado nuevas acciones legales para denunciar lo que califican como un proceso “amañado y dirigido por intereses políticos”.