En plena jornada de protestas protagonizadas por transportistas en Lima Norte, San Juan de Lurigancho y el Callao, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el conflicto, señalando que un paro de 24 o 48 horas “no resolverá” los problemas de inseguridad que aquejan al sector transporte.
Las declaraciones se dieron durante una actividad oficial realizada en Lima, donde la mandataria presentó la inhabilitación de más de 1.5 millones de equipos móviles vinculados a actos delictivos, como parte del sistema Renteseg.
Boluarte defiende al Ejecutivo: “Trabajamos las 24 horas”
Boluarte destacó que el Ejecutivo mantiene una labor permanente en la lucha contra la criminalidad que afecta al transporte público, e hizo un llamado directo a los conductores:
“Hermano transportista, un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema. Todos tenemos que sumar. La lucha por la seguridad es de mañana, tarde y noche”.
La mandataria también afirmó que comprende el dolor del gremio ante los asesinatos recientes, pero pidió mantener la operatividad del país:
“Nos duele también como Gobierno los asesinatos de sus compañeros, pero no podemos parar. Todos debemos aportar”.
Medidas tecnológicas contra el crimen
En el marco de su mensaje, Boluarte presentó el bloqueo de más de 1.5 millones de celulares con antecedentes delictivos, como parte de la estrategia del Gobierno para cortar canales de comunicación utilizados por bandas criminales.
Según la presidenta, esta acción se suma a una serie de medidas impulsadas desde el Ejecutivo para reforzar la seguridad ciudadana, incluyendo una mayor presencia policial en zonas críticas y el fortalecimiento de la inteligencia operativa.
Advertencia ante extorsiones y mensajes falsos
Boluarte aprovechó su discurso para dirigirse a la ciudadanía y alertar sobre el incremento de extorsiones por llamadas, mensajes y enlaces fraudulentos. Pidió ignorar contactos desde números desconocidos, en especial aquellos con códigos distintos al peruano “+51”, y reportar inmediatamente los intentos de engaño a la Policía Nacional.
“Anoten el número y comuníquenlo a la Policía. No atiendan mensajes que prometen premios o remesas”, indicó.
También mencionó que muchas bandas están suplantando identidades de empresas o familiares para estafar a sus víctimas, y aseguró que se reforzará la verificación de denuncias y rastreo de estos contactos a nivel nacional.
Bloqueos en Lima y el Callao
Mientras la presidenta emitía su mensaje, el paro nacional de transportistas continuaba desarrollándose en distintos puntos estratégicos de la capital. En Lima Norte, San Juan de Lurigancho y el Callao, se registraron bloqueos parciales, protestas y congestión vehicular, así como un aumento significativo de pasajeros en el Metro de Lima.
La medida de fuerza responde a una creciente ola de extorsiones, amenazas y asesinatos contra choferes y empresarios del transporte urbano e interprovincial. En las últimas semanas, se han reportado varios ataques armados en zonas del Cono Norte y el primer puerto, lo que ha elevado la tensión entre los gremios de transportistas y el Gobierno.
¿Qué piden los transportistas?
Los representantes del gremio han exigido mayor seguridad, operativos sostenidos contra el crimen organizado y una respuesta más firme del Estado ante el crecimiento de mafias dedicadas al cobro de cupos. También han solicitado reformas en el sistema de denuncias y el endurecimiento de penas contra extorsionadores.
Pese al malestar expresado en las calles, el Gobierno ha reiterado su voluntad de diálogo, aunque mantiene una postura firme respecto al control del orden público.
Seguridad ciudadana: prioridad del Gobierno
Dina Boluarte concluyó su discurso con un llamado a la unidad frente al crimen y reiteró que la seguridad ciudadana “no se detiene ni por un día”.
“Trabajamos mañana, tarde y noche para proteger a todos los peruanos. El país no puede detenerse por acciones que, aunque comprensibles, no resuelven el problema de fondo”, señaló.
Por ahora, el conflicto entre el Gobierno y los transportistas sigue abierto, en medio de crecientes demandas ciudadanas por mayor seguridad y efectividad frente al crimen organizado.