La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, presidida por la legisladora Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), aprobó este viernes 3 de octubre, en sesión extraordinaria en Arequipa, el dictamen que plantea una nueva Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La iniciativa, sustentada en el Proyecto de Ley 8731/2024-CR, obtuvo 9 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los marcos normativos vinculados a la equidad en el Perú.
La propuesta reemplaza el concepto de “género” por el de “sexo” como base para garantizar derechos, lo que ha generado críticas y respaldo en diferentes sectores políticos y sociales. De aprobarse en el Pleno, la norma modificaría los lineamientos actuales de la Ley 28983 de Igualdad de Oportunidades, vigente desde 2007.
¿Qué busca el nuevo dictamen aprobado?
Durante la sustentación, la congresista Jáuregui explicó que la iniciativa pretende corregir lo que denominó una “deriva conceptual” en la normativa vigente, al considerar que la indistinción entre sexo y género habría generado consecuencias negativas en la aplicación de políticas públicas.
El proyecto establece que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres debe orientarse de manera estricta a evitar discriminación por razones de sexo. Además, incorpora definiciones y principios relacionados con la dignidad, el libre desarrollo, el bienestar y la autonomía, buscando consolidar un marco legal que oriente los programas del Estado a nivel nacional, regional y local.
El dictamen aprobado incluye 12 artículos, seis disposiciones complementarias finales y una derogatoria, en los que se fijan roles específicos para los poderes del Estado y organismos autónomos en la promoción de la igualdad.
Debate en la comisión: ¿equidad o retroceso?
El debate en la Comisión de la Mujer estuvo marcado por posiciones enfrentadas. La congresista Isabel Cortez Aguirre (Perú Libre) cuestionó la propuesta y señaló que en lugar de fortalecer la ley de igualdad, se estaría “distorsionando” al suprimir toda referencia al enfoque de género. Según advirtió, esta decisión “busca vulnerar y denigrar la igualdad de género en el país”.
En contraste, Alejandro Muñante (Renovación Popular) defendió la reforma indicando que la propuesta no elimina derechos, sino que “promueve de manera clara la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sin sesgos ideológicos”.
Este contrapunto refleja la tensión política en torno a los conceptos de sexo y género, un debate que trasciende lo legislativo y que conecta con discusiones sobre educación, justicia y políticas públicas de igualdad.
¿Qué impacto tendría en la política pública?
De avanzar hacia el Pleno y convertirse en ley, la iniciativa obligará a los ministerios, gobiernos regionales y locales a diseñar sus programas en base al concepto de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la referencia explícita al enfoque de género.
Esto podría modificar planes en sectores sensibles como la educación y la justicia, donde actualmente se aplican estrategias vinculadas a la prevención de la violencia basada en género. Diversos especialistas advierten que la medida podría limitar políticas ya implementadas en la lucha contra la violencia hacia la mujer y poblaciones vulnerables.
El dictamen aprobado en Arequipa marca un paso inicial, pero la discusión final se trasladará al Pleno del Congreso, donde se espera un debate intenso por sus implicancias sociales, jurídicas y políticas en un país donde la violencia de género y las brechas de desigualdad continúan siendo graves problemas estructurales.