En una sesión de gran importancia para el control parlamentario y la evaluación de medidas emitidas por el Poder Ejecutivo, la Subcomisión de Control Político del Congreso de la República, presidida por la legisladora Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), aprobó por unanimidad diversos informes sobre decretos legislativos y decretos supremos relacionados con la seguridad nacional, la conflictividad social, la protección ambiental, y el fortalecimiento de sectores estratégicos.
Estas decisiones se adoptaron en el marco del cumplimiento de las funciones constitucionales de control y fiscalización que ejerce el Parlamento sobre los actos del Ejecutivo, especialmente en contextos de estado de emergencia en distintas regiones del país.
Decretos legislativos: impulso a sectores clave
Durante la sesión, se respaldaron cuatro decretos legislativos que apuntan al desarrollo de sectores sensibles para el bienestar y la estabilidad del país.
- Decreto Legislativo 1653:
Modifica disposiciones del Decreto Legislativo 1274 para mejorar la ejecución de intervenciones de agua y saneamiento rural, en el marco del Programa Agua Más. Esta medida busca ampliar el acceso a servicios básicos, especialmente en comunidades rurales, contribuyendo al cierre de brechas sociales. - Decreto Legislativo 1683:
Establece la ampliación de los plazos máximos para los recursos administrativos de reconsideración y apelación en procedimientos sancionadores de alta complejidad, tramitados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La norma pretende garantizar mayor transparencia y equidad procesal en el sistema financiero. - Decreto Legislativo 1686:
Impulsa el desarrollo de la industria petroquímica, priorizando la producción de urea y fertilizantes para el sector agrícola, así como el acceso competitivo al gas natural. Esta política busca fortalecer la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de insumos importados. - Decreto Legislativo 1656:
Crea el Sistema Integrado de Gestión Migratoria de Riesgo (SIGMED) en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de optimizar la política migratoria y reforzar la seguridad nacional frente a riesgos transnacionales.
Estados de emergencia: respuesta a crisis sociales, criminales y ambientales
La Subcomisión también aprobó diversos informes que avalan la legalidad y pertinencia de decretos supremos que declaran o prorrogan estados de emergencia en distintas regiones, por motivos de seguridad ciudadana, disturbios sociales, narcotráfico o riesgos ambientales.
Entre ellos destacan:
- DS 142-2022-PCM: Declara estado de emergencia por 60 días en la provincia de Ica debido a protestas sociales y bloqueos de la Carretera Panamericana Sur, que afectaban la libre circulación y el orden interno.
- DS 143-2022-PCM: Declara estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, en respuesta a una ola de protestas y actos violentos que comprometían la paz social.
- DS 104-2025-PCM: Prorroga y amplía el estado de emergencia en Satipo (Junín), La Convención (Cusco) y La Mar (Ayacucho), para reforzar la lucha contra el narcotráfico y la presencia de remanentes terroristas en zonas de difícil acceso.
- DS 110-2025-PCM: Declara emergencia en provincias de Moquegua por riesgo de contaminación hídrica, protegiendo el acceso a agua segura para la población.
- DS 111-2025-PCM: Prorroga el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla (Tumbes), zona fronteriza estratégica, por motivos de seguridad fronteriza y control migratorio.
- DS 114-2025-PCM: Renueva la medida de emergencia por 60 días en Trujillo y Virú (La Libertad), debido al aumento de delitos cometidos por organizaciones criminales en esta zona norteña.
Además, se aprobó el preinforme sobre el DS 141-2022-PCM, también relacionado con la provincia de Ica, donde se constató que la medida fue adoptada en el marco legal y constitucional correspondiente.
Decretos observados: falta de rendición de cuentas
No todo fue aprobación. La Subcomisión también analizó los Decretos Supremos 91, 93, 94 y 99 del 2022, concluyendo que no cumplen con el requisito de rendición de cuentas ante el Congreso. Por ello, se recomendó a la Comisión de Constitución exhortar al Poder Ejecutivo a subsanar estas omisiones, en cumplimiento de los principios de transparencia y fiscalización parlamentaria.
Principios constitucionales respetados
Al cierre de la sesión, la presidenta de la subcomisión, Patricia Juárez, subrayó que todas las decisiones adoptadas se enmarcan en los principios de temporalidad, proporcionalidad y necesidad, tal como lo establece la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso.
Asimismo, destacó que este tipo de análisis parlamentario garantiza el equilibrio de poderes, el respeto al Estado de Derecho y la vigilancia del uso de las facultades extraordinarias que se otorgan al Ejecutivo en situaciones de emergencia.