El drama social que se vive en Huancayo volvió a estallar este jueves 2 de octubre, cuando Rafaela Mallma, una mujer que permaneció 38 días en huelga de hambre y encadenada frente a la Municipalidad Distrital de El Tambo, fue trasladada de urgencia a un hospital local. Su estado de salud colapsó tras más de un mes de protesta a la intemperie, soportando frío, lluvia y sol sin obtener respuesta a su reclamo: el pago de una deuda de 45 mil soles por trabajos de mantenimiento y reparación de vehículos que asegura haber realizado para la comuna.
El caso ha generado indignación en la población, no solo por la crudeza de la medida, sino por lo que revela: una cadena de proveedores impagos, un municipio envuelto en inestabilidad administrativa y la falta de sensibilidad de las autoridades frente a ciudadanos desesperados por cobrar lo que se les debe.
¿Qué pasó en Huancayo?
Desde hace más de un mes, Rafaela Mallma decidió encadenarse frente a la Municipalidad de El Tambo como última medida de presión para exigir que se reconozca su deuda. Durante este tiempo, sobrevivió gracias a la solidaridad de vecinos y compañeros proveedores, quienes le llevaban agua y abrigo.
Su protesta visibilizó la situación de cientos de proveedores municipales en Junín, que denuncian atrasos de varios meses en los pagos por servicios y obras ya concluidos. La huelga de Mallma se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la indiferencia política.
El alcalde Julio César Llallico, sin embargo, minimizó el caso al sostener que no existe una orden de servicio formal que respalde el pago. Los afectados, en contraste, señalan que los cambios constantes de funcionarios y la precariedad administrativa explican la falta de documentación, no la inexistencia de la deuda.
La salud como límite de la protesta
Tras 38 días sin ingerir alimentos, el cuerpo de Mallma no resistió más. Testigos señalaron que perdió la capacidad de mantenerse en pie y tuvo que ser trasladada en camilla hacia un hospital de Huancayo.
Días antes de su hospitalización, la mujer había declarado con voz débil: “Pensarán que yo estoy mintiendo, me tildarán de loca, pero no es así. Yo espero que con la documentación que he presentado me paguen”. Su testimonio refleja la desesperación de quienes, como ella, no encuentran otra vía para exigir justicia.
El caso plantea un dilema ético y político: ¿hasta qué punto una protesta debe llegar para que el Estado atienda a sus ciudadanos?
Una crisis que trasciende El Tambo
El drama de Mallma no es aislado. En varios municipios de Junín y otras regiones del país, se multiplican las denuncias de proveedores que han quedado atrapados en una maraña de burocracia, falta de presupuesto y gestiones municipales incapaces de cumplir compromisos.
Especialistas en administración pública señalan que las deudas municipales suelen acumularse por una combinación de mala gestión financiera, priorización de gastos políticos y ausencia de mecanismos de fiscalización. Para los afectados, el resultado es devastador: familias enteras sobreviven con deudas personales y proveedores que se ven obligados a recurrir a protestas extremas para ser escuchados.
En el caso de Huancayo, la huelga de Mallma se convierte en un símbolo de precariedad institucional: una mujer encadenada en la vía pública tuvo que poner en riesgo su vida para que el tema ingresara en la agenda pública.
El costo de la indiferencia
La hospitalización de Rafaela Mallma marca un antes y un después en este conflicto. Si bien su protesta logró llamar la atención nacional, también expuso el costo humano de la indiferencia política.
El alcalde Llallico y su gestión ahora enfrentan una presión social creciente, no solo por resolver el caso de Mallma, sino también por atender los reclamos de decenas de proveedores que se encuentran en la misma situación.
La población de Huancayo y de El Tambo espera que este desenlace obligue a las autoridades a actuar con transparencia, reconocer responsabilidades y cumplir con los compromisos asumidos. De lo contrario, la crisis podría extenderse y dejar en evidencia un patrón de incumplimiento que afecta a la gobernabilidad local.