La pugna legal entre Pedro Castillo y el Congreso sumó un nuevo capítulo este 1 de octubre, cuando el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima falló a favor del exmandatario, ordenando que se le otorgue una pensión vitalicia retroactiva desde diciembre de 2022. Sin embargo, la respuesta del Legislativo fue inmediata: su Procuraduría confirmó que apelará la resolución este jueves 2 de octubre, en un intento de revertir lo que considera un precedente peligroso.
El caso no solo enfrenta a un expresidente acusado de corrupción con el Parlamento que lo destituyó, sino que además pone bajo la lupa la aplicación desigual de beneficios estatales en un país con varios exjefes de Estado procesados judicialmente.
¿Por qué el Poder Judicial ordenó pagarle una pensión a Castillo?
El fallo judicial declaró fundada la demanda de amparo presentada por la defensa del exmandatario. Según la resolución, el Congreso vulneró el derecho a la igualdad al negarle el beneficio, pese a que otros expresidentes —como Alberto Fujimori— sí lo reciben sin contar con una sentencia absolutoria.
El tribunal incluso citó documentos presentados por la defensa de Castillo, como una boleta de pago emitida en julio de 2024 a favor de Fujimori, para evidenciar la diferencia de criterios. En consecuencia, el juzgado ordenó que se reconozca la pensión vitalicia a Castillo y que se le pague de manera retroactiva desde el día de su destitución.
¿Qué argumentos tiene el Congreso para oponerse?
El Parlamento sostiene que la Ley N° 26519 es clara: un expresidente pierde el derecho a percibir pensión vitalicia si ha sido acusado constitucionalmente, salvo que una sentencia lo exonere. En el caso de Castillo, el Congreso aprobó en febrero de 2023 una acusación en su contra por organización criminal, corrupción y tráfico de influencias.
Desde esa perspectiva, otorgarle la pensión vulneraría el marco legal vigente y sentaría un precedente que podría abrir la puerta a reclamos similares de otros exmandatarios procesados. Por ello, la Procuraduría del Legislativo insistió en que apelará para anular la resolución y restituir las decisiones administrativas previas que rechazaron el pedido de Castillo.
¿Qué impacto político tiene esta disputa?
El debate se produce en un escenario marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Castillo fue destituido el 7 de diciembre de 2022 tras intentar cerrar el Congreso y desde entonces permanece en prisión preventiva por diversos procesos judiciales.
Para sus seguidores, el fallo judicial representa una victoria política y un reconocimiento de que se le aplican criterios distintos frente a otros expresidentes. Para sus detractores, en cambio, es un despropósito que un exmandatario procesado por corrupción pueda beneficiarse de recursos públicos.
¿Qué viene ahora en el caso Castillo?
Con la apelación ya anunciada, el proceso pasará a una instancia superior del Poder Judicial, que deberá pronunciarse sobre la validez de la resolución. Mientras tanto, el pago de la pensión vitalicia queda en suspenso.
El desenlace será clave: si se confirma el fallo de primera instancia, el Congreso no solo deberá otorgar la pensión vitalicia a Castillo, sino también asumir los costos procesales. Si la apelación prospera, el beneficio quedará anulado y se consolidará la interpretación restrictiva de la Ley 26519.