El Poder Judicial aprobó un nuevo pedido de extradición ampliada contra Alejandro Toledo, lo que permitirá que el expresidente sea procesado en el Perú por delitos distintos a los que motivaron su entrega inicial en 2023. La decisión, emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, responde a la acusación del Ministerio Público que lo señala de colusión y lavado de activos agravado en la concesión del Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.
Según la investigación fiscal, Toledo habría favorecido de manera ilícita a la constructora brasileña Camargo y Correa a cambio de un pago de hasta 6,3 millones de dólares. De ese monto, al menos 5,4 millones habrían estado destinados directamente al exmandatario, utilizando empresas offshore vinculadas a su exsocio y amigo Josef Maiman para ocultar el origen del dinero.
¿Qué implica la nueva solicitud de extradición?
El pedido busca que Estados Unidos autorice el enjuiciamiento de Toledo por delitos no incluidos en el expediente original que permitió su entrega en abril de 2023.
La Carpeta Fiscal 14-2016 y el Expediente 141-2017 son la base del nuevo requerimiento, donde se detalla que Toledo habría intervenido personalmente para que el consorcio Intersur Concesiones, liderado por Camargo y Correa, se adjudicara el Tramo 4 de la Interoceánica Sur.
El Ministerio Público pide una condena de 24 años y 8 meses de cárcel contra el exmandatario, sumando estas acusaciones a los procesos ya abiertos por los tramos 2 y 3 de la misma vía.
¿Qué decisiones habría tomado Toledo para favorecer a la empresa?
Durante su gobierno, Toledo firmó decretos y resoluciones que facilitaron la concesión del Tramo 4, exonerando la obra del sistema de evaluación de proyectos públicos (SNIP) y declarando su ejecución como prioritaria.
Entre estas normas se encuentran el Decreto Supremo 018-2004-MTC, que declaró la obra de “interés nacional”, la Ley 28214, y el Decreto Supremo 022-2005-EF, que liberó la concesión de los requisitos de preinversión.
Estas medidas, sostiene la Fiscalía, se habrían diseñado para garantizar que el consorcio brasileño obtuviera la buena pro, consolidando los acuerdos ilícitos.
¿Cómo habría operado el presunto lavado de activos?
El dinero de los sobornos habría llegado mediante una compleja red de transferencias internacionales, que incluyó 34 operaciones a través de empresas offshore como Trailbridge Ltd. y Merhav MNF, controladas por Josef Maiman.
Los fondos circularon por bancos de Estados Unidos, Reino Unido, Israel y las Islas Vírgenes Británicas, dificultando su rastreo y permitiendo su posterior reingreso al sistema financiero con apariencia de legalidad.
¿Qué pruebas presentó la Fiscalía?
El expediente contiene:
- Declaraciones de colaboradores eficaces, incluidos exejecutivos de Camargo y Correa.
- Testimonio de Josef Maiman, quien admitió que sirvió de intermediario para canalizar los pagos.
- Testimonio de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, que corroboró la participación directa de Toledo.
- Registros de visitas a Palacio de Gobierno entre 2004 y 2006.
- Documentos migratorios y bancarios que confirman las transferencias millonarias.
Con esta base, el juez Concepción Carhuancho consideró fundado el pedido de la Fiscalía y remitió el caso a la Corte Suprema.
¿Qué sigue en el proceso?
El próximo paso será la revisión en la Corte Suprema de Justicia, que deberá ratificar la decisión antes de que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y la Cancillería, formalice el pedido ante Estados Unidos.
La defensa de Toledo todavía puede impugnar la medida, pero de prosperar, la extradición ampliada permitirá que el expresidente sea juzgado por todos los tramos de la Interoceánica Sur, consolidando el caso como uno de los más emblemáticos de la trama Lava Jato en el Perú.
Contexto político y judicial
Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006, fue extraditado al Perú en 2023 tras permanecer más de cinco años en Estados Unidos. Actualmente cumple prisión preventiva mientras avanza el juicio por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, donde se le atribuye haber recibido sobornos de Odebrecht.
La ampliación de su extradición refuerza la estrategia fiscal de integrar todos los hechos de corrupción ligados a su gestión, con pruebas que apuntan a un esquema sistemático de intercambio de favores políticos por pagos ilícitos.