La Comisión Permanente del Congreso de la República, presidida por el legislador José Jerí Oré, se reunirá el próximo lunes 30 de septiembre a las 3:00 p.m. en el Hemiciclo del Palacio Legislativo. La sesión será semipresencial y estará marcada por el debate y votación de importantes informes finales de denuncias constitucionales contra figuras políticas de alta exposición: el expresidente Martín Vizcarra, la ex primera ministra Betssy Chávez y la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Denuncia contra Martín Vizcarra: ¿de qué se le acusa?
En el caso del exmandatario Martín Vizcarra Cornejo, el informe final de la Denuncia Constitucional N° 424 lo señala por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente:
- Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (art. 399 del Código Penal)
- Nombramiento ilegal (art. 381 del Código Penal)
Los hechos giran en torno a la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, pese a que —según la denuncia— este no cumplía con los requisitos legales para el cargo.
El nombramiento se formalizó mediante la Resolución 017-2020-JUS, del 1 de febrero de 2020, bajo el gobierno de Vizcarra.
Ana Teresa Revilla también implicada
El mismo informe también recomienda acusar a Ana Teresa Revilla Vergara, exministra de Justicia durante el gobierno de Vizcarra, por su supuesta participación directa en el proceso irregular de designación del procurador. A ella se le imputa igualmente negociación incompatible, en agravio del Estado.
Caso Betssy Chávez: inhabilitación por golpe de Estado
Respecto a Betssy Chávez Chino, ex titular del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, la Denuncia Constitucional N° 351 —presentada por la congresista Patricia Chirinos— plantea una acusación constitucional y una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.
El informe final sostiene que Chávez participó activamente en la preparación, ejecución y respaldo del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, impulsado por Castillo. Por este hecho, se le atribuyen infracciones a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú, relacionados con el deber de lealtad al Estado, el ejercicio responsable del poder público y el principio de legalidad.
¿Qué pasará con Delia Espinoza?
La agenda del lunes también incluirá la admisión a trámite de dos denuncias acumuladas (DC 563 y 618) contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por presunta infracción constitucional y comisión de delitos penales.
Estas denuncias, presentadas por los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi, le atribuyen posibles faltas a los artículos 45, 93, 139 (incisos 3 y 5), 158 y 159 (inciso 2) de la Constitución. Además, se le acusa por los delitos de:
- Abuso de autoridad (art. 376 del Código Penal)
- Prevaricato (art. 418 del Código Penal)
La Comisión evaluará también la improcedencia parcial de una de las denuncias respecto al delito de prevaricato, al no cumplir con los requisitos legales suficientes.
También se evaluará denuncia contra Pedro Castillo
Otra denuncia relevante que será admitida a trámite es la Denuncia Constitucional N° 588, interpuesta por Delia Espinoza antes de su suspensión, contra Pedro Castillo Terrones.
La acusación señala al exmandatario por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, relacionado con actos de corrupción durante su gestión. También involucra a los exministros:
- Geiner Alvarado (exministro de Vivienda)
- Félix Chero (exministro de Justicia)
Ambos son sindicados como presuntos autores del delito de cohecho pasivo propio, por supuestos cobros o favores indebidos en el ejercicio de funciones públicas.
¿Qué implicancias tiene una acusación constitucional?
La acusación constitucional es un procedimiento político-jurídico que permite al Congreso imputar responsabilidades a altos funcionarios. Si se aprueba, puede derivar en:
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos (por un período determinado)
- Remisión de los actuados al Ministerio Público, para iniciar una investigación penal formal
- Procesos judiciales posteriores ante la Corte Suprema
¿Cuál es el siguiente paso?
Tras el debate y votación de los informes en la Comisión Permanente, los casos que obtengan mayoría calificada pasarán al Pleno del Congreso, que deberá ratificar o rechazar las recomendaciones. En el caso de Betssy Chávez, de aprobarse la inhabilitación, quedará fuera de cualquier cargo público por una década.
En el caso de Vizcarra y Revilla, se trataría de un nuevo frente legal que se suma a las ya conocidas investigaciones en su contra. La situación de Delia Espinoza también será clave, dado que su eventual inhabilitación podría cerrar definitivamente su etapa en el Ministerio Público.
Contexto político y repercusiones
Estas votaciones se dan en un contexto de alta tensión institucional, en medio de críticas al Congreso y al Ejecutivo por presunta politización de la justicia. Sin embargo, los sectores que respaldan estos procesos argumentan que es necesario sancionar la corrupción y los abusos de poder, sin importar el cargo que ostentaron los acusados.