El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente, denunció un escenario de “persecución política” luego de que la Comisión Ad Hoc de la PCM recomendara su destitución. Según el funcionario, detrás de esta ofensiva hay intereses que buscan debilitar al regulador tras las medidas que afectaron al negocio de las mafias de la extorsión y las estafas telefónicas.
Medidas incómodas contra el crimen organizado
Durante su gestión, Osiptel ordenó el bloqueo masivo de miles de líneas móviles usadas por bandas criminales y prohibió la venta ambulatoria de chips, práctica que alimentaba el crecimiento de redes de extorsión y sicariato. Para Muente, esas decisiones golpearon intereses económicos y políticos que ahora buscan silenciarlo a través de un proceso administrativo.
“No me callarán. La verdad siempre prevalece y los intereses oscuros saldrán a la luz”, declaró en la red social X, donde reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad del regulador.
Expediente reabierto pese a archivos previos
Muente recordó que las denuncias en su contra ya habían sido archivadas por la Contraloría, el Ministerio Público y la entidad Servir, sin hallarse responsabilidad administrativa ni penal. Sin embargo, el expediente fue remitido nuevamente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que deberá decidir en las próximas semanas si concreta su salida.
A su juicio, este escenario representa un intento de someter al Osiptel al control político, debilitando su autonomía y capacidad de regulación en el sector de telecomunicaciones.
Lo que viene para Osiptel y el Gobierno
El desenlace del caso está ahora en manos de la PCM, que deberá evaluar si acoge la recomendación de la Comisión Ad Hoc o mantiene en funciones a Muente. La decisión podría marcar un precedente en la independencia de los organismos reguladores, especialmente en un contexto de lucha contra el crimen organizado y de cuestionamientos a la institucionalidad democrática.
Mientras tanto, el titular del Osiptel anticipó que continuará su defensa legal y administrativa, en resguardo de sus derechos y del rol que cumple el regulador en el control de las telecomunicaciones.