Este martes, el proceso judicial contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, continuó con su segundo día de audiencias, centrándose en los presuntos aportes ilegales que habrían financiado sus campañas políticas del “No a la revocatoria” en 2013 y su posterior intento de reelección en 2014. La investigación se prolonga por más de ocho años y busca esclarecer si las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS entregaron más de $11 millone sde dólares de manera ilícita.
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, tiene hasta tres horas para sustentar su acusación ante el tribunal. Según la tesis fiscal, Villarán habría favorecido a estas empresas mediante decisiones administrativas adoptadas durante su gestión como alcaldesa de Lima.
¿Hubo corrupción o solo financiamiento legítimo?
Durante la jornada anterior, la exalcaldesa reconoció haber recibido financiamiento para sus campañas, pero negó cualquier vínculo con hechos de corrupción. Su defensa sostiene que no existió contraprestación indebida a las empresas donantes. Este argumento se convierte en el eje central del debate judicial, ya que la línea divisoria entre apoyo electoral y delitos de corrupción determinará la responsabilidad de Villarán ante la justicia.
Delitos que se imputan a la exalcaldesa
El Ministerio Público ha imputado a Villarán varios delitos graves: lavado de activos, colusión agravada, organización criminal, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir. La Fiscalía sostiene que la exalcaldesa habría pactado con constructoras a cambio de favorecerlas en contratos millonarios, destacando proyectos emblemáticos como Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur.
De acuerdo con la acusación, estas concesiones habrían sido otorgadas en condiciones irregulares tras recibir aportes a sus campañas políticas, constituyendo un posible caso de corrupción sistemática en la municipalidad limeña.
Un proceso complejo con múltiples involucrados
El juicio oral no solo involucra a Villarán, sino a un total de 20 acusados y varias personas jurídicas, entre ellas Odebrecht, OAS y consorcios asociados. Se espera la participación de decenas de testigos, incluidos artistas nacionales y figuras públicas que formaron parte de la campaña del “No a la revocatoria”.
La magnitud del proceso y la cantidad de implicados indican que el juicio será de larga duración, con participación clave del fiscal José Domingo Pérez y su equipo especial Lava Jato, quienes deberán presentar pruebas y testigos para sustentar la acusación.
Impacto de la muerte de José Miguel Castro
Un hecho reciente que podría alterar la dinámica del juicio es la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión Villarán y aspirante a colaborador eficaz. Castro fue hallado sin vida en junio de este año, y su fallecimiento representa una pérdida importante de prueba testimonial, lo que obligará a la Fiscalía a decidir cómo integrar sus declaraciones previas al proceso oral.
Seguridad y cobertura mediática
Desde primeras horas, la sede judicial del edificio Carlos Zavala, en el Cercado de Lima, fue reforzada con un cordón policial y rejas metálicas para garantizar la seguridad de las audiencias. Se implementó un ingreso controlado para periodistas, quienes debían estar dentro del recinto antes de las 8:30 a. m. Esta medida refleja la sensibilidad del caso y el alto interés público que genera el juicio.
Preguntas clave que enfrenta el tribunal
- ¿Los aportes de Odebrecht y OAS configuraron financiamiento legal o ilícito?
- ¿Se benefició Villarán de contratos municipales a cambio de estos aportes?
- ¿Cómo influirá la muerte de José Miguel Castro en la estrategia de la Fiscalía y la defensa?
- ¿Qué papel jugarán los testigos vinculados a la campaña del “No a la revocatoria”?
Perspectiva del caso y repercusiones políticas
El juicio contra Susana Villarán no solo tiene implicancias legales, sino también políticas, dado que involucra decisiones que afectaron la administración de Lima y la confianza ciudadana en los procesos electorales. La resolución del caso podría establecer precedentes importantes sobre financiamiento de campañas y corrupción en el ámbito municipal.
Mientras el proceso se desarrolla, la opinión pública sigue de cerca cada audiencia, los testimonios de los implicados y la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía. Además, el caso mantiene alta cobertura mediática debido a la relevancia de los actores involucrados y el vínculo con el escándalo de Odebrecht, que ha marcado la política peruana en la última década.
El segundo día de juicio oral contra Susana Villarán consolida la complejidad del caso y pone en evidencia la magnitud de la investigación de Lava Jato en Perú. La defensa de la exalcaldesa insiste en la legalidad de los aportes, mientras la Fiscalía busca demostrar la existencia de un esquema de financiamiento ilegal vinculado a contratos públicos. El desarrollo de las audiencias determinará el rumbo de un proceso que puede redefinir la percepción sobre la integridad de las campañas políticas y la responsabilidad de los funcionarios electos.