El juicio oral contra Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, arrancó esta semana con fuertes cuestionamientos. La exburgomaestre afronta acusaciones por presunto lavado de activos y colusión debido a los aportes ilícitos que habría recibido de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra su revocatoria en 2013.
Durante su intervención inicial, Villarán reconoció la existencia de aportes, aunque evitó precisar el monto exacto. “En este momento no le puedo dar una cantidad exacta sobre los aportes de las constructoras brasileñas, pero sí fue una suma importante de dinero. Muy lejos, por supuesto, de esa exorbitantísima suma de 11 millones que no sabemos de dónde salió”, declaró ante los magistrados.
Sus palabras reavivaron la controversia sobre uno de los episodios más polémicos de la política limeña: la firma de contratos de concesión de peajes que, hasta hoy, generan cuestionamientos ciudadanos.
¿Por qué responde Patricia Chirinos?
La congresista Patricia Chirinos, integrante de Renovación Popular, respondió con dureza a través de la red social X (antes Twitter). Para ella, las declaraciones de Villarán constituyen una maniobra judicial para minimizar su responsabilidad.
“La exalcaldesa se hizo la muda con los millones de Odebrecht y OAS por ‘estrategia judicial’. Ahora sale a decir que fueron menos de $11 millones, ¡qué generosa! Y que todo fue por motivos políticos. Susana Villarán, reconoce tu delito y libera al Perú de esos peajes corruptos que firmaste cuando fuiste alcaldesa de Lima”, expresó Chirinos.
El mensaje, que rápidamente se viralizó, buscó instalar nuevamente en la agenda pública el tema de los contratos de concesión de peajes que han sido cuestionados en diversas instancias judiciales y políticas.
El trasfondo: los peajes y la campaña del No a la revocatoria
La controversia gira en torno al financiamiento de la campaña del “No a la revocatoria” de 2013, en la que Villarán buscaba mantenerse en el cargo. De acuerdo con la Fiscalía, los aportes de Odebrecht y OAS habrían superado los 10 millones de dólares, canalizados mediante un esquema de aportes no declarados.
La sospecha se amplifica por el vínculo entre esos aportes y la posterior firma de contratos de concesión de peajes urbanos en Lima, los cuales generaron rechazo social por sus tarifas y condiciones consideradas abusivas.
En ese contexto, la frase de Chirinos —“libera al Perú de esos peajes corruptos”— apunta a uno de los reclamos más persistentes de los limeños, que asocian los cobros viales con un sistema marcado por la corrupción y la falta de transparencia.
¿Qué está en juego en este proceso judicial?
La Fiscalía ha solicitado una condena de 26 años de prisión para Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y cohecho. El juicio oral será la instancia definitiva para esclarecer la magnitud de los aportes recibidos y su posible relación con los contratos suscritos durante su gestión.
La defensa de Villarán, por su parte, sostiene que los fondos fueron aportes políticos y no sobornos, y que las decisiones sobre concesiones respondieron a criterios técnicos y no a acuerdos ilegales. Sin embargo, las pruebas documentales y testimoniales recopiladas en el caso apuntan en otra dirección.
Reacciones políticas y ciudadanas
El caso Villarán ha generado reacciones en diversos frentes. Organizaciones de vecinos de Lima han recordado que los contratos de peajes siguen vigentes y continúan afectando el tránsito diario. Políticos de distintas bancadas han pedido que el juicio avance con transparencia y sin dilaciones.
Para analistas políticos, la intervención de Chirinos busca capitalizar el descontento ciudadano con los peajes, reforzando la idea de que fueron fruto de una gestión marcada por la corrupción.
¿Qué pasará con los peajes cuestionados?
Una de las preguntas clave es si el avance del proceso judicial podría impactar en la validez de los contratos de concesión. En los últimos años, algunos alcaldes y regidores de Lima han intentado renegociar o anular los acuerdos, pero sin éxito definitivo.
¿Podría este juicio abrir la puerta a revisar dichos contratos? Aunque no existe un mecanismo automático, la presión social y política podría llevar a un debate más amplio sobre la legalidad y sostenibilidad de los peajes vigentes.