El Gobierno del Perú continúa fortaleciendo su estrategia descentralizada frente a la trata de personas, un delito que golpea especialmente a regiones vulnerables del país. A través del Ministerio del Interior (Mininter), se desarrolló en Cusco el II Encuentro Macro Regional Centro-Sur contra la Trata de Personas 2025, con participación de autoridades nacionales, regionales y especialistas en seguridad, justicia y protección a víctimas.
La cita, realizada los días 18 y 19 de septiembre, reunió a representantes de nueve regiones del país y tuvo como meta intercambiar experiencias, identificar las principales amenazas y definir acciones articuladas contra las mafias dedicadas a la explotación sexual y laboral. El evento se enmarca en la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030, que busca consolidar un Estado más firme en la prevención y sanción de este delito.
¿Por qué se realizó en Cusco el encuentro macro regional?
La ciudad de Cusco fue elegida como sede debido a su condición de corredor turístico y migratorio, que lo convierte también en un punto estratégico donde operan redes de trata. El encuentro contó con el respaldo del Gobierno Regional del Cusco y sirvió de plataforma para escuchar a las autoridades locales y regionales, quienes alertaron sobre las zonas más críticas en sus territorios.
En la inauguración, Liliana Orrillo Viacava, directora general de Seguridad Democrática del Mininter, enfatizó que el objetivo no es quedarse en declaraciones, sino activar un trabajo coordinado entre regiones y sectores. “Este encuentro no debe ser solo un espacio de diálogo, sino el inicio de una acción contundente. Pongamos en marcha estrategias conjuntas y destinemos los recursos necesarios para construir un futuro donde ninguna persona sea tratada como un objeto”, afirmó.
Principales temas abordados en el encuentro
Durante la primera jornada, especialistas del Mininter, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio Público expusieron los avances y los desafíos de la política integral contra la trata. Se destacó la necesidad de fortalecer la atención y reintegración de las víctimas, además de mejorar el trabajo de inteligencia policial para desarticular bandas criminales.
Las delegaciones de Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco y Tacna presentaron diagnósticos regionales, señalando que la minería ilegal, el turismo informal y el transporte clandestino son actividades que suelen vincularse al delito. Madre de Dios, por ejemplo, es considerada una de las zonas más críticas por la explotación sexual y laboral de mujeres, adolescentes y migrantes.
En la segunda jornada, la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional (Dirctptim-PNP) presentó estadísticas actualizadas y perfiles de las víctimas. Posteriormente, se sumaron los informes regionales de Moquegua, Apurímac, Pasco y Puno, ampliando la radiografía de la problemática en el sur del país.
Compromisos y articulación interinstitucional
El evento contó con la presencia de la vicegobernadora regional del Cusco, Noely Loaiza Livano, y de la gerente regional de Inclusión Social, Sami Venero Salas, quienes coincidieron en que la lucha contra la trata no puede depender solo de la Policía, sino que exige articulación entre gobiernos regionales, sociedad civil y el sistema de justicia.
También participó el general PNP Aldo Ávila Novoa, director de la Dirctptim, quien subrayó que la trata de personas es uno de los delitos más rentables para el crimen organizado, después del narcotráfico y la minería ilegal. “Debemos tener claro que estamos enfrentando mafias transnacionales que se adaptan y buscan nuevas formas de operar”, advirtió.
Con la asistencia de gerentes regionales de Desarrollo Social y delegados de nueve regiones, el encuentro consolidó un espacio de trabajo que busca convertirse en una red estable de coordinación macro regional contra la trata de personas.
Impacto social y político
El desarrollo de este encuentro coincidió con la conmemoración del Día Nacional contra la Trata de Personas, lo que reforzó el carácter simbólico de las jornadas. Para el ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, la prioridad es promover una política firme y descentralizada, que acerque las acciones del Estado a las zonas más golpeadas por este delito.
La trata de personas afecta cada año a miles de mujeres, adolescentes y migrantes en el Perú, quienes son explotados sexual o laboralmente. En muchas ocasiones, los casos no son denunciados por miedo o desconfianza en el sistema. De allí la importancia de que el Gobierno articule respuestas rápidas, efectivas y sostenibles.