El Perú ha dado un paso contundente en su política criminal. A partir de este lunes 22 de septiembre de 2025, con la publicación de la Ley n.° 32446 en el diario oficial El Peruano, se ha oficializado la incorporación del delito de criminalidad sistemática al Código Penal, bajo el nuevo artículo 318-B.
La norma fue impulsada por diversas bancadas del Congreso de la República —se consolidaron 17 proyectos de ley— y cuenta con el respaldo del Ejecutivo, al haber sido promulgada con las firmas de la presidenta Dina Boluarte Zegarra y el presidente del Congreso, José Jerí Oré.
¿Qué castiga la nueva ley?
La criminalidad sistemática tipifica un conjunto de actos delictivos —cometidos con armas de fuego, explosivos u otros elementos similares— que buscan infundir miedo o zozobra colectiva. La nueva figura legal permite que delitos como:
- Extorsión
- Sicariato
- Secuestro
- Homicidio calificado
- Robo agravado
puedan ser sancionados con cadena perpetua, si se demuestra que fueron realizados en el marco de una conducta sistemática y organizada.
“El que, mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similares características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, creando zozobra o terror en la población o en una parte de ella, será reprimido con cadena perpetua”, precisa la norma.
¿Por qué era necesaria esta reforma?
En los últimos años, el Perú ha experimentado un aumento alarmante de la criminalidad organizada, especialmente en regiones costeras, zonas fronterizas y núcleos urbanos. Bandas dedicadas al cobro de cupos, asesinatos por encargo y secuestros han sembrado el miedo en comunidades enteras.
Frente a este escenario, el Estado se encontraba limitado para aplicar sanciones proporcionales a los efectos sociales que generaban estos crímenes. Con la nueva ley, se endurecen las penas y se reconoce la gravedad del terror colectivo como agravante penal.
¿Qué impacto tendrá esta ley en la seguridad ciudadana?
Con la entrada en vigor de la Ley n.° 32446, se espera que el sistema de justicia penal:
- Fortalezca la investigación criminal de estructuras delictivas sistemáticas.
- Implemente estrategias de acusación diferenciadas para delitos que trascienden lo individual.
- Aplique penas más severas que disuadan a futuros actores del crimen organizado.
La nueva tipificación permite imputar cadena perpetua a quienes, en complicidad o en organización criminal, ejecuten actos delictivos de manera reiterada, con armas y buscando infundir miedo en la población.
¿Cuál es el contexto legislativo?
La norma representa una articulación multipartidaria sin precedentes en temas de seguridad. Su origen es el resultado de 17 proyectos de ley de diferentes bancadas del Congreso, lo que demuestra el consenso político frente a la crisis de inseguridad que vive el país.
Además, el nuevo artículo 318-B cierra vacíos legales en el tratamiento de delitos como el sicariato o la extorsión, cuando se presentan de forma sistemática y organizada, una realidad cada vez más frecuente en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo o el Callao.
¿Existen riesgos de uso abusivo de esta ley?
Juristas y organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso de figuras penales como “criminalidad sistemática” debe aplicarse con rigor técnico y jurídico, evitando que esta sea utilizada de forma arbitraria contra líderes sociales, manifestantes o ciudadanos en contextos de protesta.
Se espera que el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio Público, desarrolle protocolos de aplicación claros, y que el Poder Judicial garantice el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de los investigados.
¿Qué sigue ahora?
La publicación de la ley es solo el primer paso. El Ejecutivo deberá ahora:
- Capacitar a las fuerzas del orden y fiscales sobre la aplicación del nuevo tipo penal.
- Ajustar las estrategias de inteligencia e investigación frente al crimen organizado.
- Promover campañas informativas para que la ciudadanía conozca sus derechos y el alcance de la norma.
Este nuevo marco legal coloca al Perú en una posición más firme frente a la violencia organizada, aunque su éxito dependerá de su correcta implementación y fiscalización.