La Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el exministro del Interior Willy Huerta, con el objetivo de revocar el embargo sobre ocho bienes inmuebles que forman parte de su patrimonio. La medida fue dictada dentro del proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el intento de golpe de Estado liderado por Pedro Castillo en diciembre de 2022.
La decisión se enmarca en un proceso judicial de alto impacto político, pues involucra a exautoridades del más alto nivel y a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que solicita una condena ejemplar contra Huerta y otros procesados.
¿Qué implica la apelación de Willy Huerta?
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley admitió el recurso de apelación interpuesto el pasado 26 de junio por la defensa de Huerta, en contra de la resolución de diciembre de 2024 que ordenaba el embargo e inhibición de sus propiedades. La decisión, publicada el 14 de agosto de 2025, dispuso que el expediente sea remitido a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que deberá programar una audiencia virtual para escuchar a las partes procesales antes de emitir un fallo definitivo.
Si la Sala Penal acepta la apelación, la defensa de Huerta tendrá la oportunidad de sustentar por qué considera desproporcionado el embargo. De lo contrario, se mantendría firme la medida que afecta un inmueble, una finca, un departamento, un terreno, una tienda y un lote en Lima, así como un inmueble y un lote en el Callao.
Embargo millonario: el trasfondo de la medida
El magistrado Checkley ordenó en su momento un embargo en forma de inscripción y una orden de inhibición hasta por el monto de S/ 2,287,271.11 sobre los bienes de Huerta. Esta medida se adoptó tras el pedido de la Procuraduría General del Estado, que busca asegurar el pago de la reparación civil en caso de que el exministro sea hallado culpable junto a Pedro Castillo.
De acuerdo con la Procuraduría, la reparación civil total que correspondería en este proceso asciende a más de S/ 67 millones, que deberían pagar de manera solidaria los acusados, entre ellos Huerta y el expresidente.
La medida cautelar fue inscrita en los Registros Públicos de Lima y Callao, lo que limita las posibilidades del exministro de disponer libremente de sus propiedades mientras dure el proceso penal.
El proceso penal: Huerta y el fallido golpe del 7 de diciembre
El exministro del Interior afronta actualmente un juicio oral junto a Pedro Castillo y otros exfuncionarios por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía lo acusa de ser presunto coautor del delito de rebelión en agravio del Estado, delito por el que ha solicitado una pena de 25 años de prisión e inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cualquier cargo público.
La acusación fiscal sostiene que Huerta, en su condición de titular del Interior, habría participado en la planificación y respaldo del intento de quiebre constitucional. En consecuencia, el proceso contra él es considerado emblemático en la lucha contra la impunidad de los altos funcionarios.
¿Qué viene ahora para el exministro?
La Sala Penal Permanente será la encargada de decidir si el recurso de Huerta prospera. En caso de que la Corte Suprema confirme la resolución anterior, los embargos continuarán vigentes hasta el término del juicio y una eventual sentencia firme.
En cambio, si la apelación es aceptada, Huerta podría recuperar el control de sus bienes, aunque ello no lo eximiría de seguir enfrentando el juicio oral y el pedido fiscal de 25 años de prisión.
Este escenario marca un punto crítico en la estrategia de defensa del exministro, pues la medida de embargo no solo afecta su patrimonio, sino también su imagen pública en un contexto de alta sensibilidad política.
Implicancias políticas y judiciales
La apelación de Huerta no es un simple trámite procesal, sino un capítulo más de la disputa judicial que rodea el caso Pedro Castillo. Para la opinión pública, este juicio se ha convertido en un termómetro de la capacidad del sistema judicial peruano para sancionar los intentos de vulnerar la democracia.
El desenlace también tendrá repercusiones políticas, pues determinará si las medidas cautelares impuestas a exfuncionarios de alto nivel son efectivas para garantizar el pago de reparaciones civiles. La Procuraduría del Estado, por su parte, ha insistido en que se debe proteger el interés público y evitar que los acusados dilapiden su patrimonio antes de una sentencia.