Por Hugo Alonso Contreras Velasco, B.A.*
La privatización de las centrales nucleares argentinas podría verse como (sencillamente) una medida más de la deriva liberal en Argentina. No obstante, esta tendencia marca el más reciente (y quizá último) capítulo de la desconexión de la política exterior de Buenos Aires de la política nuclear.
Hace pocas horas, en conferencia de prensa, el portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, declaró que Buenos Aires se dispone a privatizar hasta un 44% de las centrales nucleares argentinas (Atucha I, Atucha II y Embalses). Esta medida forma parte del paquete liberalizador previsto en la ley ómnibus de líneas maestras de la administración Milei (la Ley Bases). En tal sentido, a simple vista, esta medida sería solamente una pincelada más (además de poca relevancia) de la evidente agenda gubernamental de la Casa Rosada. No obstante, esta medida (vista a largo plazo) es la estocada final a la idea de un revisionismo internacional-nuclear argentino.
¿En dónde radica la relevancia? Argentina es (o fue) la gran potencia nuclear de la región (título siempre disputado con Brasil). El reactor peruano del IPEN, por ejemplo, contó con un importante apoyo argentino. La poderosa Comisión Nacional de la Energía Atómica (CNEA) fue históricamente una de las agencias nucleares más exitosas del planeta. Inclusive bajo periodos marcados por una (agresiva) política de privatizaciones, como el gobierno de Carlos Saúl Menem, el régimen de Juan Carlos Onganía o la última dictadura militar, la política nuclear y la administración de los reactores mantuvo una lógica fuertemente estatalista. ¿Por qué se produce hoy el cambio?
El programa nuclear argentino tuvo su origen en tiempos del primer Perón. Frente a un claro aislamiento internacional por la línea dubitativa de Buenos Aires en la Segunda Guerra Mundial, el general proclamó la necesidad de una “tercera posición” (contraposición a tanto Washington como Moscú) en la política exterior argentina. Para ello se necesitaban dos columnas: autonomía y poder. Con una Argentina marcada por un sistema educativo de punta y por una migración europea altamente calificada, el programa nuclear argentino nació y creció (bajo una fuerte órbita militar). La misma CNEA fue iniciada como un organismo prácticamente administrado por las fuerzas armadas.
El objetivo de la autonomía energética devino rápidamente en disquisiciones sobre un programa nuclear militar. En tiempos de Perón, el físico nuclear (y finalmente descubierto como charlatán) austriaco Ronald Richter había clamado haber conseguido la fisión nuclear. Durante el régimen de Onganía, Argentina no ingresó ni al Tratado de No Proliferación Nuclear ni al Tratado de Tlatelolco (mismo que hizo de Latinoamérica la primera región libre de armas nucleares del planeta).
Esta tendencia se mantuvo tanto en democracia como bajo sistemas autoritarios. Inclusive, en la misma dictadura militar, el almirante Carlos Castro Madero, en ese entonces director de la CNEA, declaró que la no proliferación nuclear sería un “desarme de los desarmados” y que Argentina (en la misma retórica antiimperialista utilizada durante la Guerra de las Malvinas) tendría el derecho de adquirir un arsenal nuclear propio de así considerarlo conveniente. Más aún, la idea de poder desarrollar “detonantes nucleares de uso pacífico” era considerado como un paso clave hacia el desarrollo nacional de una posible “Argentina Potencia”. En tal sentido, la dictadura anticomunista entabló relaciones cordiales con la Unión Soviética y Países No Alineados en pro del fortalecimiento del rubro.
¿Fueron distintas las democracias en ese aspecto? El gobierno de Raúl Alfonsín firmó, en conjunto con Brasil, la declaración de Foz de Iguasú, en la que Buenos Aires (en búsqueda de normalizar sus relaciones con el exterior y escapar de las sanciones establecidas por los gobiernos estadounidenses de Nixon, Carter y Reagan) se comprometía a abandonar de lleno la posibilidad de adquirir armas nucleares. No obstante, se mantuvo la idea de que Argentina debía perseguir la autonomía vía de su programa nuclear (ya no desde el título de “Diplomacia Nuclear” sino de “Política Sur-Sur”). Ello se practicó desde una transferencia de material fisible a estados parias con intereses nucleares (como Yugoslavia, Irak o Libia).
El gobierno de Menem, también en miras de normalizar las relaciones con los EE. UU. en ese aspecto, desfinanció severamente a las centrales nucleares, al considerarlas un lastre para las finanzas públicas. Buenos Aires tenía un mayor interés en normalizar sus relaciones con los EE. UU. que en perseguir el sueño de una política exterior revisionista por vías del apartado nuclear. Fue así que en 1991, con la Declaración de Guadalajara, Argentina abandonaba el interés en “detonantes nucleares para fines pacíficos” y abonaba el camino para la entrada en el Tratado de Tlatelolco en 1995 y en el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1996. No obstante, Argentina mantuvo el control estatal sobre las centrales nucleares, así como el peso simbólico de la CNEA.
Tras años de mantener esta misma tendencia bajo tanto el radicalismo como el kirchnerismo como el macrismo, hoy la Argentina de Milei decide privatizar las centrales nucleares. Milei, quien subió a la palestra bajo la promesa de una nueva “Argentina Potencia” según el ejemplo del modelo agroexportador del siglo XIX, ha finalmente desconectado los fines de la política exterior del programa nuclear. Ser potencia ya no iría ligado de la mano con desarrollar (como bien estratégico del estado) una autonomía total en materia energética, sino con la provisión de unas finanzas sanas y de una calidad mayor desde la competencia. Esta es una gran transformación conceptual y el más reciente capítulo de un cambio de enfoque.
*Estudiante de maestría en Economía Política y Relaciones Internacionales de tercer ciclo de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia.