La crisis del sistema penitenciario peruano quedó en evidencia en la reciente sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, donde se reveló que el hacinamiento en los penales alcanza ya un 147%. El viceministro de Justicia, Jesús Baldeón Vásquez, informó que la población privada de libertad asciende a 103,320 internos, mientras que en régimen de extramuros hay otros 102,811 procesados, distribuidos en los 69 establecimientos penitenciarios del país.
Este escenario, según la exposición oficial, evidencia una tendencia al alza que exige medidas urgentes para evitar que las cárceles del país se conviertan en centros ingobernables, donde el control del Estado se vea comprometido.
Perfil de la población carcelaria
El informe presentado ante el Congreso precisó que el 95% de los reclusos son varones y el 5% mujeres, mientras que el 63% cumple condena firme y el 37% aún espera sentencia. Un dato alarmante es la presencia de 78 jóvenes de entre 16 y 17 años dentro de los penales, lo que pone en debate la política de rehabilitación juvenil y la efectividad de las medidas de prevención.
Los funcionarios advirtieron que la sobrepoblación no solo implica condiciones indignas para los reclusos, sino también riesgos de violencia, motines y proliferación de mafias carcelarias que operan desde el interior de los penales.
Hacinamiento y necesidad de nuevos penales
El viceministro Baldeón aseguró que el Ministerio de Justicia trabaja en la reactivación de proyectos de infraestructura que habían quedado paralizados. Entre ellos destacan los nuevos penales de Ancón (Lima), Ica y Colquepata (Cusco), que sumarán unas 9,000 plazas adicionales para aliviar el hacinamiento actual.
Sin embargo, la magnitud del problema hace prever que, incluso con estas ampliaciones, el déficit seguirá siendo alto si no se adoptan medidas estructurales como penas alternativas, mejoras en el sistema judicial para acelerar procesos, y una política integral de resocialización y reinserción laboral.
Bloqueo de celulares y lucha contra el crimen organizado
Otro de los puntos abordados en la sesión fue el uso de celulares dentro de las cárceles para coordinar delitos como extorsiones, estafas y secuestros. Baldeón informó que 27 de los 33 penales más grandes del país cuentan con sistemas de bloqueo de llamadas entrantes y salientes ilegales, aunque aún queda trabajo pendiente para alcanzar una cobertura total.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Emilio Paredes Yataco, pidió al Congreso apoyo para impulsar la Ley de carrera penitenciaria, una norma que busca profesionalizar al personal y reforzar las capacidades de seguridad.
¿Se puede revertir la crisis penitenciaria?
El aumento constante de la población penal, el hacinamiento crítico y la insuficiente infraestructura plantean una pregunta clave:
¿Está el Perú preparado para enfrentar una reforma penitenciaria integral que garantice seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos?
Expertos señalan que la respuesta no pasa solo por construir más cárceles, sino también por apostar en paralelo por políticas de prevención del delito, programas de reinserción social y la reducción del uso excesivo de la prisión preventiva.
Retos de la política penitenciaria
La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, presidida por el congresista Alfredo Azurín Loayza, advirtió que el problema penitenciario está directamente relacionado con la seguridad ciudadana en el país. Las cárceles sobrepobladas se convierten en incubadoras del crimen organizado, mientras que la falta de personal capacitado limita la capacidad de control.
En ese sentido, los especialistas insisten en que una reforma penitenciaria sostenida requiere inversión en infraestructura, tecnología, personal profesional y coordinación con el sistema judicial y policial.