La Policía Nacional del Perú (PNP) atraviesa una nueva crisis institucional. El Poder Judicial dispuso la suspensión por 18 meses del comandante general Víctor Zanabria Angulo, en el marco de la investigación por presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad en el llamado caso “Policías albañiles”. Ante esta situación, el especialista en legislación policial Stefano Miranda explicó que la normativa vigente establece que el general Óscar Arriola Delgado, actual jefe del Estado Mayor, debe asumir el máximo cargo policial de manera interina.
Suspensión judicial y antecedentes del caso
La resolución judicial responde a un requerimiento del Ministerio Público, que investiga la presunta utilización indebida de efectivos policiales en trabajos particulares. Según el expediente, un grupo de suboficiales de la PNP habría sido obligado a realizar labores de construcción bajo órdenes de Zanabria, generando un perjuicio a la institución.
El abogado Miranda destacó que la medida no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva que busca evitar riesgos procesales y garantizar el avance de la investigación. “El comandante general tiene que cumplir el mandato judicial, nos guste o no. El Estado de derecho se basa en acatar lo dispuesto por los jueces”, señaló.
El relevo en la PNP: la figura de Óscar Arriola
De acuerdo con el Decreto Legislativo 1149, en casos de suspensión o impedimento del comandante general, la jefatura debe ser asumida de manera interina por el jefe del Estado Mayor, cargo que actualmente ostenta el general Óscar Arriola, reconocido por su experiencia en inteligencia policial y operaciones contra el crimen organizado.
Este relevo no sería definitivo, sino temporal, hasta que se resuelva la situación judicial de Zanabria o se designe formalmente a un nuevo titular. Para Miranda, la sucesión inmediata es necesaria para no dejar vacíos de poder en la PNP, institución clave en un momento en el que la seguridad ciudadana es uno de los principales problemas del país.
¿Podrá Víctor Zanabria apelar la decisión?
Zanabria aún tiene la posibilidad de apelar la resolución judicial. Según el especialista, podrá presentar su recurso ante una sala superior que revisará si la suspensión cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Sin embargo, este trámite deberá realizarlo fuera del cargo.
La decisión judicial fue considerada por Zanabria como “excesiva”, pero el abogado Miranda insistió en que el general debe dar el ejemplo: “Es la oportunidad para demostrar que se cumple con lo que manda la ley, independientemente de si se considera justa o no la resolución”.
Un golpe a la institucionalidad policial
La PNP se enfrenta así a un nuevo episodio de cuestionamientos en sus más altas esferas. No es la primera vez que un comandante general queda involucrado en investigaciones judiciales durante su gestión. Este tipo de episodios, según especialistas, debilita la confianza de la ciudadanía en la autoridad policial.
La posible llegada de Óscar Arriola al cargo se interpreta como un intento de dar continuidad y estabilidad en la institución. Su perfil, enfocado en la lucha contra organizaciones criminales, podría reforzar el liderazgo interno en medio de la crisis.
El trasfondo del caso “Policías albañiles”
La investigación fiscal apunta a que Zanabria habría autorizado el uso de personal policial para labores privadas de construcción, vulnerando el principio de función pública. Además, algunos de los suboficiales afectados denunciaron haber recibido amenazas de muerte por colaborar como testigos, lo que agrava la dimensión del caso y justifica, según la Fiscalía, la medida de suspensión.
El debate se centra ahora en la responsabilidad ética y legal de quienes ocupan los más altos cargos dentro de la Policía Nacional. La sociedad espera señales claras de transparencia y respeto a la ley, más aún en un contexto de creciente inseguridad en el país.
Una pregunta necesaria
¿Está la Policía Nacional preparada para sostener su institucionalidad cuando sus más altos mandos enfrentan procesos judiciales? La respuesta no solo depende de lo que dictamine la justicia, sino también de la capacidad de la PNP para mantener su credibilidad y su operatividad frente a la ciudadanía.
Mirada a futuro
La designación de Arriola, de confirmarse, significaría un cambio de mando en un momento particularmente delicado para la seguridad interna del país. La ciudadanía exige resultados concretos en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción. El desafío para la PNP será mantener la cohesión interna y recuperar la confianza de los peruanos.
Para los analistas, este caso deja una lección clara: ningún funcionario está por encima de la ley. En un Estado democrático, la autoridad no puede sostenerse en cuestionamientos judiciales. El futuro inmediato de la Policía dependerá de cómo gestione este relevo y de la transparencia con la que se conduzcan las investigaciones.
